Reserva del Ejército denunció aumento de la violencia contra uniformados en Colombia: “Entre enero y mayo han sido asesinados 80 miembros de la fuerza pública”

Germán Rodríguez, mayor en uso de buen retiro y representante de la reserva militar, expresó a través de un video compartido en redes sociales su preocupación por la escalada de ataques contra la fuerza pública en Colombia durante el 2025.

Según sus palabras, este año ha sido el más violento para policías y soldados, quienes han enfrentado ataques con drones, francotiradores, motos y carros bomba, junto al uso de artefactos explosivos improvisados y la reactivación del denominado plan pistola.

“Jamás habíamos visto un ataque tan despiadado contra nuestros policías y soldados, asesinatos con drones, francotiradores, motos y carros bombas, artefactos explosivos improvisados y la reactivación del infame plan pistola, donde se están pagando hasta 5 millones de pesos por cada uniformado”, agregó Rodríguez.

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“Entre enero y mayo de 2025, han sido asesinados 80 miembros de la fuerza pública: 26 en abril, 17 en marzo, 14 en mayo, 12 en febrero y 11 en enero”, menciona más adelante Rodríguez en la grabación.

Esta cifra representa un incremento del 135% respecto al mismo periodo de 2024, detalló el reservista.

Asimismo, señaló que en los primeros cinco meses del año, el registro casi iguala el total de 2023, cuando se documentaron 84 asesinatos de uniformados.

“80 de nuestros héroes” dijo Rodríguez, fueron las víctimas, y por tal motivo rechazó lo que viene ocurriendo, a tal punto que lo que calificó como violencia sistemática y denunció la falta de acciones efectivas por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

Además, criticó que las políticas de diálogo con grupos armados han permitido que la ola de violencia no cese, así como las agresiones contra quienes integran la fuerza pública.

“Desde la reserva militar y policial de Colombia repudiamos esta violencia sistemática contra nuestros uniformados. Esto no son solo cifras, son vidas entregadas a la patria, sacrificadas ante la indiferencia del gobierno y su traición era paz total, que lo único que ha permitido es el recrudecimiento de la violencia en Colombia”, cerró Rodríguez.

Adicional a lo anterior, se conoció un par de días atrás que las autoridades colombianas han recomendado a los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) extremar precauciones personales tras una serie de ataques recientes y amenazas de un “plan pistola” promovido por estructuras criminales.

La alerta surgió luego del traslado de alias Pipe Tuluá, jefe de la estructura La Inmaculada, hecho que habría motivado represalias.

La organización Mago (Muerte a Guardianes Opresores) fue identificada como autora de un panfleto que advierte sobre ataques a nivel nacional.

Tras la divulgación de la amenaza, se registraron explosiones y ataques armados en instalaciones penitenciarias del suroccidente, donde resultaron heridos cuatro guardianes y dos civiles en Cali, y se detectó un explosivo sin detonar cerca de la cárcel de Tuluá.

Ante esta situación, la Dirección Nacional del Inpec adoptó medidas como la suspensión de traslados médicos y judiciales y la congelación de movimientos de internos en la Regional Occidente.

Sin embargo, sindicatos y funcionarios consideran insuficiente la respuesta estatal y denuncian falta de garantías en materia de seguridad, incluyendo equipamiento inadecuado y escasez de recursos operativos.

“¿Los que están en peligro son los muros de las cárceles o los guardianes?” comentó uno de los funcionarios de la cárcel Villahermosa, en declaraciones al diario El País de Cali.

Las cifras oficiales reflejan un deterioro en las condiciones de seguridad: en 2024 se reportaron 375 amenazas y el asesinato de 10 funcionarios del Inpec, el doble de amenazas que en 2023 y el triple que en 2022.

La Defensoría del Pueblo ha manifestado preocupación y subraya que los guardianes, cuyo papel es civil, se han convertido en víctimas de la crisis estructural del sistema penitenciario colombiano.

“Estamos trasladando a los privados en vehículos sin blindaje, no hay suficientes chalecos antibalas, ni radios de comunicación o armamento adecuado. En Jamundí, por ejemplo, hay cinco mil internos y apenas uno o dos carros disponibles”, relató al mismo medio Ever Oswaldo Gómez Peña, vicepresidente seccional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) en Jamundí (Valle del Cauca), y que finalizó diciendo que se mantiene una “zozobra total”.