El 1 de julio, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, recibió una notificación oficial en la que la Unidad Nacional de Protección (UNP), encabezada por Augusto Rodríguez, le comunicó la reconfiguración de su esquema de seguridad.
A partir de la fecha, la protección directa dejará de estar bajo responsabilidad de la UNP y quedará a cargo de los hombres de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional.
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La decisión ha generado profunda preocupación en el mandatario regional, quien desde antes de su elección había denunciado amenazas contra su vida. A través de su cuenta de X, expresó su rechazo a esta medida:
“Una vez más me retiran el esquema de seguridad asignado por la UNP. Esta no es la primera vez que me ocurre esto, pero esto que sucede no me detiene ni me hace retroceder. Seguiré trabajando con más fuerza, más compromiso y amor por el departamento del Caquetá”, escribió, haciendo alusión a una situación que se torna especialmente crítica debido al contexto de seguridad del departamento. En Caquetá operan estructuras armadas como las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.
Estas organizaciones ilegales son señaladas por extorsiones millonarias, secuestros y la imposición de normas ilegales con las que buscan controlar territorios, afectando directamente a la población civil y a las autoridades locales.
El retiro del esquema de protección por parte de la UNP no es un hecho aislado. En octubre de 2024, mediante resolución oficial, la entidad había ratificado su postura de mantener las medidas existentes, desestimando las solicitudes del gobernador de fortalecer o modificar la protección asignada.
Ruiz Aguilar interpuso un recurso de reposición contra una resolución del 25 de abril de ese mismo año, en la que pedía una revisión de su nivel de riesgo y la reposición total del esquema de seguridad a cargo exclusivo de la UNP. Sin embargo, a pesar de estos recursos, la entidad mantuvo su decisión argumentando que el esquema actual —que incluye un vehículo blindado, dos escoltas y un chaleco antibalas— es suficiente y proporcional al nivel de riesgo identificado.
“No es posible atender favorablemente la solicitud del señor LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR, dado que la decisión de ajustar las medidas de protección se adoptó según el procedimiento técnico y riguroso que contempla este Programa de Prevención y Protección, las particularidades del caso y de acuerdo con el resultado que arrojó el estudio del nivel de riesgo”, señala el documento expedido por la UNP.
El estudio de riesgo al que hace referencia la resolución fue realizado por la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional, institución que ahora asume la protección del gobernador. Según el informe técnico, el nivel de riesgo de Ruiz es “extraordinario”, pero está debidamente mitigado con las medidas vigentes.
Esta posición fue avalada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que consideró que no existían elementos nuevos para justificar una modificación del esquema. A su vez, la UNP recordó que, según los decretos 1066 de 2015 y 1139 de 2021, la Gobernación de Caquetá tiene también responsabilidad en la implementación y financiación parcial del esquema de seguridad.
Ruiz Aguilar también invocó un fallo de tutela de febrero de 2024, en el cual se ordenaba a la UNP realizar un nuevo estudio de riesgo y tomar acciones adicionales para garantizar su seguridad personal. No obstante, la entidad concluyó que, tras el nuevo análisis, las condiciones no ameritaban un cambio sustancial.
El mandatario insiste en que las amenazas en su contra son de alto riesgo y que las condiciones del departamento no permiten depender exclusivamente del acompañamiento policial, sin el respaldo especializado que ofrece la UNP. En repetidas ocasiones, ha manifestado que teme por su vida, al ser uno de los pocos gobernadores que ha confrontado abiertamente a los grupos armados ilegales en su territorio.
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