El déficit fiscal del país los primeros cuatro meses de 2025 superó las cifras registradas durante la pandemia, marcando un deterioro en el balance de las finanzas públicas.
Entre enero y abril alcanzó el -2,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $50,9 billones, según la información oficial difundida por el Ministerio de Hacienda.
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El resultado representa un aumento de 80 puntos básicos frente al registro de -2% en el mismo periodo de 2024, y rebasa los niveles críticos observados en 2020 y 2021, años marcados por la emergencia sanitaria.
La situación fiscal en abril de 2025 evidencia la magnitud del desequilibrio. Durante este mes, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno central llegó a $13,3 billones, correspondiente a un déficit mensual del -0,7% del PIB.
Aunque esta cifra mensual es inferior al déficit de -1,1% observado en abril del año anterior, la brecha sigue siendo considerable y mantiene la tendencia creciente del gasto por encima de los ingresos.
Estos registros llevaron al Gobierno nacional a suspender de manera temporal la Regla Fiscal, una herramienta legal destinada a establecer techos al déficit fiscal y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
De acuerdo con el Plan Financiero, la meta inicial era mantener el déficit en 5,1% del PIB para 2025, pero recientes estimaciones del Ejecutivo apuntan que podría superar el 7% del PIB, situando al país en un terreno sin precedentes recientes en materia de disciplina fiscal.
Durante el periodo comprendido entre enero y abril, los ingresos del Estado sumaron un monto equivalente al 5,7% del PIB, es decir, más de $103,2 billones.
De este total, $84,6 billones correspondieron a recaudo de impuestos, lo que representa el 4,7% del PIB. Pese a que la cifra es significativa, no logró igualar los ingresos alcanzados en los dos años anteriores y se asemeja a los niveles registrados en 2022.
El informe mensual publicado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) indicó que, al cierre de mayo, el recaudo acumulado ascendió a $127,28 billones, mostrando un crecimiento de 9,16% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando el recaudo fue de $116,60 billones.
Sin embargo, esta cifra se ubica por debajo de la meta fijada antes de la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que esperaba para ese momento un recaudo de $133,3 billones.
La desaceleración del crecimiento en los ingresos tributarios plantea dificultades adicionales para el Gobierno, en especial ante un escenario de gasto que se mantiene en niveles elevados.
La brecha entre ingresos y gastos sigue siendo el principal desafío para la sostenibilidad de las cuentas públicas y el cumplimiento de las metas fiscales revisadas por el Ejecutivo.
Los gastos del Gobierno central en los primeros cuatro meses de 2025 sumaron $154,2 billones, lo que representa el 8,5% del PIB. La mayor parte de estos recursos se destinó a gastos de funcionamiento, que alcanzaron un 5,7% del PIB, principalmente en transferencias y pagos obligatorios.
Este nivel de gasto corresponde al más alto registrado en los últimos años y supone un aumento respecto al mismo periodo de ejercicios anteriores.
En cuanto a la ejecución del presupuesto anual, el país cuenta para 2025 con un monto de $525,8 billones. De este total, a corte de mayo, el Ministerio de Hacienda reportó obligaciones por $160,1 billones, lo que corresponde al 30,5% del presupuesto, mientras que los compromisos firmes suman $216,7 billones, es decir, un 41,2%.
La tendencia del gasto público ha provocado que los compromisos adquiridos por el Estado crezcan a mayor ritmo que los ingresos, generando un desequilibrio que tiende a profundizarse si no se aplican medidas de control adicionales.
El panorama obliga al Gobierno a considerar alternativas como la reducción de partidas presupuestales o la formulación de una reforma tributaria que permita incrementar los recursos de manera sostenible.
Las proyecciones oficiales
La actualización del balance fiscal publicada por el Ministerio de Hacienda reveló que, pese al crecimiento obtenido en algunos rubros tributarios, la brecha entre ingresos y gastos continúa ampliándose.
Desde el primer trimestre del año, ya se advertía una tendencia histórica negativa, con un déficit fiscal del 2,1% del PIB, la mayor registrada hasta entonces.
Las proyecciones del Gobierno fueron reconsideradas en varias oportunidades. Originalmente, la meta de déficit estimada para todo 2025 se ubicaba en el 5,1% del PIB, pero el deterioro de los ingresos y el incremento de los compromisos llevaron a los técnicos del Ejecutivo a estimar una cifra superior al 7%.
Este ajuste motivó la activación de la llamada cláusula de escape de la Regla Fiscal, permitiendo así una flexibilización excepcional de los topes de déficit previstos en la Ley.
El desbalance entre ingresos y gastos, junto con la presión derivada del servicio de la deuda y las obligaciones sociales, mantiene a las finanzas públicas en una situación de vulnerabilidad.
El Gobierno enfrenta el reto de contener el incremento del gasto, en especial los recursos destinados a funcionamiento y transferencias corrientes, con el objetivo de evitar una mayor erosión del espacio fiscal.
En este contexto, las autoridades económicas señalaron que no se descartan ajustes adicionales en materia tributaria, ni reasignaciones presupuestales orientadas a estabilizar el nivel de déficit y garantizar la sostenibilidad financiera del Estado.
La evolución del déficit fiscal y la capacidad del Gobierno para contener el crecimiento del gasto serán determinantes para la percepción de riesgo del país y la respuesta de los mercados ante una situación fiscal sin precedentes en los últimos años.
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