El coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez enfrentará una audiencia preparatoria el próximo 10 de julio en Medellín, en el marco del juicio adversarial transicional que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La diligencia, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, se realizará luego de que el exoficial rechazara los cargos que se le atribuyen y optara por no reconocer responsabilidad en los hechos que se investigan.
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La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), en su rol de fiscal ante la JEP, formalizó la acusación contra Guzmán Ramírez por su presunta participación en 10 hechos representativos ocurridos entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, cuando comandaba el Batallón de Contraguerrilla No. 79 en los municipios de Dabeiba e Ituango, en el departamento de Antioquia.
Según la UIA, durante ese periodo se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluidos tratos crueles, humillantes y degradantes contra la población civil.
Con la apertura de esta nueva etapa procesal, la JEP busca garantizar un juicio oral con pleno respeto por el debido proceso, en el que el coronel retirado podrá ejercer su defensa, presentar pruebas y contradecir los señalamientos.
Al mismo tiempo, las víctimas tendrán un papel activo, con la posibilidad de ser escuchadas directamente por los magistrados durante la audiencia, lo que representa un paso clave en el enfoque restaurativo que caracteriza a esta jurisdicción transicional.
Este será el primer juicio adversarial en el que Guzmán Ramírez deberá responder de fondo por los crímenes que la JEP le imputa, en un caso que hace parte de la macroinvestigación sobre los llamados falsos positivos en Antioquia.
El escrito de acusación, presentado el jueves 3 de julio por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, es el primero que formula cargos formales por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.
En él, se le atribuye a Guzmán Ramírez la presunta participación en homicidios y desapariciones forzadas de al menos 18 personas durante su periodo de mando.
Los hechos se habrían cometido en colaboración con otros miembros del Ejército Nacional y con estructuras paramilitares del norte de Antioquia.
De acuerdo con la acusación, Guzmán, entonces mayor, habría liderado operaciones en las que se simulaban combates para presentar como bajas en enfrentamientos a civiles previamente detenidos o desaparecidos.
En la mayoría de los casos, las víctimas fueron reportadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, y sus cuerpos trasladados a cementerios de los municipios mencionados, como el de Las Mercedes en Dabeiba, para dificultar su identificación.
Uno de los hechos más graves consignados en el expediente ocurrió el 31 de agosto de 2005, cuando, según la UIA, el propio Guzmán “toma las armas y última a la víctima”.
En otro episodio, ordenó a sus hombres disparar con ametralladora o granada al rostro de una víctima para desfigurarla completamente, como mecanismo para impedir su reconocimiento.
Estos actos, afirma la JEP, tenían como objetivo obtener beneficios personales como felicitaciones, permisos o ascensos, en el marco del sistema de incentivos del Ejército.
La acusación fue sustentada con un voluminoso expediente que incluye más de 25.000 folios, 643 testimonios, 2.550 documentos, 170 informes periciales y 70 evidencias gráficas.
Además, se reconstruyeron las operaciones militares investigadas a pesar de que los documentos originales fueron destruidos en un incendio y no se conservaban copias en el Ejército.
Para suplir esa pérdida, los investigadores identificaron más de 130 testigos y cruzaron información con archivos civiles, religiosos y forenses.
El caso hace parte del macrocaso 03, que aborda las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, conocidas como “falsos positivos”.
Este proceso se nutrió también del trabajo de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que en tres eventos previos avanzó en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Dabeiba.
Durante la investigación, la Fiscalía de la JEP logró además documentar dos hechos nuevos que no estaban en el radar de la justicia ordinaria, lo que refuerza la gravedad del patrón delictivo atribuido a Guzmán Ramírez y a sus subordinados.
La acusación concluye que el exoficial se convirtió en un “modelo de referencia” para otros miembros del Ejército en la comisión de estos crímenes.
Esta es la quinta acusación formal presentada por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP por hechos del conflicto armado. Anteriormente, también se formuló un escrito contra el coronel (r) Justo Pastor Ruiz Mahecha, excomandante del Batallón La Popa de Valledupar, por ejecuciones similares.
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