Congresistas solicitaron a Estados Unidos investigar a representantes republicanos mencionados en audios sobre un golpe de Estado a Petro

El 29 de junio de 2025, El País América reveló una serie de audios según los cuales el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva habría intentado buscar apoyo de fuerzas políticas estadounidenses para, presuntamente, acabar antes de tiempo con el mandato del presidente de la República, Gustavo Petro.

Los detalles de este acercamiento surgieron a partir de audios y fuentes afines a congresistas republicanos, que indican que Leyva buscó influir en Marco Rubio, secretario de Estado, aspirando a promover una “presión internacional” que facilitara la salida del poder del primer mandatario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Ante el presunto plan para sacar del poder al jefe de Estado, 30 congresistas colombianos cercanos a la actual administración solicitaron al Comité de Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, investigar y sancionar a los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez “por presuntas acciones injerencistas en Colombia”.

“Las revelaciones hechas por el _Diario El País_ sobre un posible complot para desestabilizar el gobierno nacional de Colombia, en donde están involucrados congresistas de Estados Unidos, despierta gran preocupación en nosotros, quienes como miembros del Congreso, consideramos que la democracia y la soberanía nacional, son un imperativo de país que merece defenderse”, se lee en la misiva.

Los miembros del Legislativo que firmaron la misiva también aclararon que su intención no es vulnerar los derechos de los congresistas republicanos mencionados, pero desean conocer la presunta implicación, según las revelaciones del medio citado.

“Reconocemos plenamente el derecho a la libertad de expresión de los legisladores estadounidenses, el principio de presunción de inocencia y la necesidad de un debido proceso. Sin embargo, consideramos importante señalar que, de verificarse estas presuntas conductas, las mismas podrían contravenir el principio de no intervención (artículo 19 de la Carta de la OEA), transgredir normas éticas parlamentarias sobre injerencia en asuntos internos y afectar las relaciones diplomáticas bilaterales”.

Con respecto a los audios revelados, los congresistas involucrados desmintieron su implicación en un supuesto plan para ejercer un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro.

Mario Díaz-Balart aseguró que las versiones reveladas son falsas. Además de explicar que por su cargo político mantiene reuniones con diferentes figuras políticas de Colombia, al igual que funcionarios del Gobierno nacional.

“Me causan risa la cantidad de falsedades e inventos sobre mis frecuentes reuniones con miembros de la sociedad civil de Colombia. Siempre me he reunido con personas y grupos de distintos partidos y con diferentes opiniones”, afirmó.

El congresista republicano, además de calificar de “cantidad de falsedades e inventos” los señalamientos surgidos tras la publicación de audios atribuidos al excanciller Álvaro Leyva, recurrió al dicho “cada loco con su tema” para expresar su incredulidad.

Por su parte, Carlos Antonio Giménez negó cualquier participación en un complot. Aunque dirigió críticas directas al presidente colombiano, sostuvo que no necesitaba a nadie que lo convenciera de su opinión sobre Petro y rechazó haber sido parte de un plan para promover la salida del jefe de Estado. Giménez enfatizó que su postura respecto al mandatario es personal y no resultado de conspiraciones.

“Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza que Gustavo Petro es un drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro. Petro ha convertido a #Colombia en el hazmerreír del mundo y todos los días lo comprueba más”, escribió en X.

Mientras se esclarecen los detalles del presunto golpe contra Petro la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos vuelve a estar en un momento crítico tras la decisión del Gobierno Trump de convocar a consultas a John T. McNamara, encargado de negocios interino de la Embajada estadounidense en Colombia.