Carlos Ramón González es oficialmente prófugo de la justicia: Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura

En la mañana del jueves 3 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

Durante la audiencia judicial, el magistrado Leonel Rogeles tomó la decisión tras analizar las pruebas que aportó la Fiscalía en contra del funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, donde se le imputaron los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

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“Para proteger a la comunidad del actual criminal desplegado por este ciudadano, es preciso imponerle medida restrictiva de la libertad debido a que se le reprocha su probable vinculación a la organización criminal”, señaló el juez en la lectura del auto judicial.

Así mismo, el togado resaltó que “existen elementos probatorios que indican que González Merchán fue la persona que acudió a ellos —los congresistas— en su calidad de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para lograr mediante sobornos el pago ilegal a los presidentes de Cámara y Senado por los proyectos presentados por el Gobierno nacional, y que además dio instrucciones a Olmedo López para pagar esas coimas con fondos públicos de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres”

El documento establece que, una vez se materialice la detención, Carlos Ramón González deberá ser trasladado al establecimiento de reclusión que el Inpec determine.

“Una vez se haga efectiva la captura del imputado, se le traslade al establecimiento de reclusión que el INPEC considere pertinente, para la correspondiente reseña, verificación y custodia del cumplimiento de la medida aquí impuesta”, señala el texto oficial.

Durante la diligencia, la fiscal del caso argumentó que González representa un peligro para la sociedad y debe permanecer privado de la libertad, agregando que González fue el determinador de los hechos de corrupción que han llevado a media docena de funcionarios a prisión.

Actualmente, el exdirector del Dapre se encuentra fuera del país. Frente a ello, la Fiscalía no descarta que el exfuncionario se encuentre en Managua, Nicaragua, por lo que, según el ente acusatorio, tendría intenciones de evadir la justicia.

“Es altamente probable que Carlos Ramón González no tenga la intención de someterse a la investigación, a la persecución penal ni al cumplimiento de una eventual pena”, mencionó la fiscal del caso María Cristina Patiño, durante la audiencia judicial.

Ante ello, el juez Rugeles precisó que “su constante ingreso y salida de territorio colombiano, es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar, en caso de ser vencido en juicio”.

Durante la audiencia, el abogado Iván Cancino, apoderado de Carlos Ramón González, sostuvo que no hay conocimiento sobre las evidencias en las que estaría involucrado el exdirector del Dapre, por lo que desafió a que se presenten dichas evidencias mencionadas por Olmedo López, a quien calificó como ‘mentiroso’.

“Quiero ver honorable magistrado, derrótenme con evidencia. ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón (González) con Sandra (Ortiz)? ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con Iván Name? ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con Andrés Calle? ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con el pastuso? Donde hay un chat de Carlos Ramón con alguna persona de este entramado criminal”, expresó Cancino.

Igualmente, el abogado instó a que se revelaran unos videos que comprueben los delitos imputados por la Fiscalía contra González. “Muéstrenme un video de Carlos Román González con Olmedo (López), muéstrenme un video de Carlos Ramón, con Iván Name, con Sandra Ortiz. Pero si aparece el video, muéstreme donde indiscutiblemente en sede de esta inferencia se esté hablando de dar una orden para un hecho de corrupción, para un hecho de comprar a unos congresistas (...) No existe”, añadió.

El caso se centra en hechos ocurridos entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, cuando González, en su calidad de director del Dapre, habría solicitado contratos por un valor de 60.000 millones de pesos para el entonces presidente del Senado Iván Name, y más de 10.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ambos funcionarios huy detenidos.

Según la Fiscalía, estos contratos fueron posteriormente modificados, resultando en pagos en efectivo de 3.000 millones de pesos para Name Vásquez y 1.000 millones de pesos para Calle. La ejecución de estas transacciones habría sido delegada por Olmedo López a Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y hoy procesados por la justicia, siendo este último el encargado de gestionar los recursos.

El ente acusador detalla que González utilizó su posición de poder para coordinar las operaciones ilícitas, mientras que otros funcionarios y colaboradores ejecutaron las órdenes para asegurar el flujo de dinero hacia los destinatarios finales.

El esquema de corrupción, de acuerdo con la Fiscalía, implicó el desvío de fondos públicos originalmente destinados a la Ungrd, entidad fundamental en la gestión de emergencias y desastres en Colombia. Este desfalco no solo impactó las finanzas públicas, sino que comprometió la transparencia en la administración de recursos asignados para atender situaciones de emergencia.