Este es el nuevo protocolo que tendrán que cumplir las empresas de vigilancia en Colombia: se busca que no se usen las armas en actividades ilegales

“El objetivo es impedir que el armamento legalmente asignado a este sector sea utilizado de forma irregular”, afirmó el Ministerio de Defensa al anunciar la puesta en marcha de un nuevo protocolo para el control de armas en el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia.

Esta declaración es una estrategia interinstitucional que busca cerrar las brechas en la supervisión y manejo de armas de fuego en manos de empresas privadas, un tema que ha generado preocupación en el país por el riesgo de desvío de armamento hacia actores al margen de la ley.

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La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (Dccae) de las Fuerzas Militares, responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre las armas de fuego legales autorizadas a las empresas de vigilancia y seguridad privada.

Según detalló W Radio, la estrategia integral conjunta fue diseñada para evitar desviaciones en el uso y empleo del armamento asignado a estas compañías, un aspecto que ha sido objeto de debate en los últimos años debido a la proliferación de incidentes relacionados con el uso indebido de armas por parte de personal de seguridad privada.

El núcleo de la nueva política es el Protocolo Interinstitucional de Actuación, liderado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Este protocolo estandariza los procedimientos de bloqueo operativo, custodia preventiva y seguimiento administrativo de las armas involucradas en procesos sancionatorios.

El protocolo busca garantizar que las armas bajo investigación o sujetas a medidas disciplinarias no puedan ser utilizadas hasta que se resuelva su situación legal, lo que representa un avance en la prevención de posibles desvíos o usos irregulares.

“La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada lideró un Protocolo Interinstitucional de actuación, el cual está orientado a formalizar el procedimiento de bloqueo operativo, la custodia preventiva y el seguimiento administrativo de las diferentes armas de fuego involucradas en procesos sancionatorios”, explicó.

Esta formalización implica que, ante cualquier irregularidad detectada en el manejo de armas por parte de una empresa de seguridad, las autoridades pueden proceder de manera inmediata a bloquear el acceso a dichas armas, asegurarlas bajo custodia y realizar un seguimiento detallado de su situación administrativa.

El protocolo no solo establece procedimientos claros para la intervención sobre armas en situaciones irregulares, sino que también refuerza la comunicación y coordinación entre las entidades responsables del control de armamento.

“Si no se implementa la propuesta que nosotros estamos planteando para conjuntos residenciales o los pequeños negocios, como bares, restaurantes y negocios abiertos al público en horario nocturno, se verán afectadas aproximadamente unas 250.000 personas de manera directa. En general, se volvería muy restrictiva la posibilidad de empleo, y sobre todo, la creación de empresas en estos horarios”, advirtió Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), en un comunicado difundido tras la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado.

La advertencia del gremio de la seguridad privada pone en el centro del debate la reciente decisión legislativa que modifica el inicio de la jornada nocturna y los recargos asociados, con potenciales consecuencias para miles de trabajadores y empleadores.

El sector de la seguridad privada, representado por Confevip, expresó su preocupación por el impacto de la reforma.

El gremio opera con jornadas continuas y esquemas rotativos, y ya reconoce recargos por trabajo en domingos y festivos de manera permanente.

Con la nueva normativa, los recargos laborales aumentarían en un 10% del salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) por cada trabajador, y los recargos por trabajo en días de descanso obligatorio subirían en un 25%.