Joven de 16 años y su tía asesinaron a su vecino en conjunto residencial de Bogotá: lo apuñalaron tras una discusión por las áreas comunes

Un disgusto entre vecinos de un conjunto residencial del barrio Tierra Nueva (Kennedy), Bogotá, terminó con una investigación por el asesinato de Wilmar Lara, a manos de un menor de 16 años y su tía.

De acuerdo con las autoridades, Lara y su presunto homicida tuvieron un disgusto en una reunión que se llevaba a cabo en una de las zonas comunes de la urbanización.

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Cuando la discusión parecía terminada, la mujer fue hasta su apartamento, de donde salió con su sobrino, menor de edad, cada uno con un cuchillo en la mano.

Interceptaron a Lara y lo apuñalaron en repetidas ocasiones. Por lo que fue trasladado de urgencia al hospital de Bosa, en donde, finalmente, falleció.

Tras conocerse la noticia, la Policía metropolitana se presentó en el conjunto para efectuar la captura de la homicida, realizar la aprehensión del menor y recolectar pruebas, entre ellas, las armas utilizadas para herir de muerte a Lara.

Legalizada la captura y con el delito de homicidio con circunstancias de agravación punitiva imputado por la Fiscalía, ella fue enviada a prisión y él a un centro especializado para adolescentes por un periodo inicial de cuatro meses.

La tensión entre vecinos en conjuntos residenciales parte, principalmente, de disputas relacionadas con la seguridad, el uso y mantenimiento de las zonas comunes, y la generación de ruidos molestos como música a alto volumen. Así lo demostró una encuesta impulsada por la plataforma Properix, que tomó la opinión de 500 habitantes de distintas regiones y estratos socioeconómicos de Colombia.

Entre las causas más recurrentes de enfrentamientos se encuentra la disputa por la seguridad, ya que los residentes consideran que la protección de personas y bienes debería constituir una prioridad constante en la administración de las unidades residenciales.

A esto se suma la incomodidad que genera la música en alto volumen y diferentes tipos de ruidos molestos, que deterioran la convivencia y suelen escalar a discusiones directas, sobre todo cuando las reuniones sociales se extienden y traspasan los límites de tolerancia del vecindario.

Otra fuente frecuente de disputas es el uso de las zonas comunes. De acuerdo a lo detallado por Properix, los residentes suelen entrar en conflicto por diferencias sobre el acceso, horario, limpieza o mantenimiento de áreas compartidas como piscinas, gimnasios, salones sociales y juegos infantiles. Estas discrepancias influyen de modo directo en la percepción de calidad de vida y son objeto constante de debate en asambleas.

Se suma a la lista, la tenencia irresponsable de mascotas, que desencadena quejas por ruidos, falta de limpieza o comportamientos agresivos, y el consumo de sustancias psicoactivas en zonas prohibidas, lo que causa preocupación entre los vecinos por la afectación a la tranquilidad y el bienestar común. El sondeo destaca también como foco de malestar los altos costos de administración, que generan debates sobre la transparencia de la gestión de los recursos.

El gerente comercial de Properix, Daniel Laverde, señaló que las problemáticas de convivencia están presentes de manera habitual en las juntas y asambleas de residentes, principalmente en los meses de febrero y marzo, fechas en que suelen celebrarse estos encuentros: “Estos temas suelen ser los más frecuentes en las asambleas de residentes que se llevan a cabo durante los meses de febrero y marzo, y representan un reto para las administraciones. Estas dificultades pueden generar tensiones entre residentes y evolucionar a casos más serios, como demandas, multas y sanciones”.

El mismo estudio indicó que, ante la falta de acuerdos verbales y la continuidad de los conflictos, las acciones pueden escalar hasta la intervención de las autoridades. El Código Nacional de Policía y Convivencia habilita a los residentes para solicitar la presencia policial a través de la Línea de Atención de Emergencias 123 cuando las disputas afectan la tranquilidad o el respeto en la comunidad. La intervención oficial procede ante situaciones que incluyen la alteración del orden por músicas o ruidos en fiestas y reuniones, comportamiento exhibicionista, consumo indebido de alcohol o sustancias, fumar en lugares prohibidos, actos discriminatorios, y cualquier conducta que perturbe la convivencia.

Y la normativa establece la posibilidad de imponer sanciones, que varían según la gravedad de la infracción: multas tipo 2, de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes; tipo 3, de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes; y tipo 4, de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.