⁠Indignación por motociclistas que atraparon una zarigüeya y la arrastraron por carretera con una cuerda: el video se hizo viral

Con el cuello atado a una soga y moviendo sus patas tan rápido como podía, una zarigüeya fue arrastrada en el municipio de Caloto, Cauca, por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta de placas AIR 13B.

Así lo reportó el canal de denuncias Colombia Oscura tras recibir un video sobre lo ocurrido: “¡Indignate e inhumano! En Caloto, Cauca, sujetos en motocicleta arrastraron brutalmente a una zarigüeya, mientras testigos veían sin hacer nada. El aberrante caso de maltrato animal ha causado repudio total ¡No más impunidad para estos salvajes! ¿Hasta cuándo?”

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En la grabación, que no tardó en generar un llamado a la acción en redes sociales, se ve cómo el animal intenta, sin éxito, mantenerse en pie, mientras es arrastrado por un hombre que, aunque no le quitaba la mirada de encima, la mantuvo sobre el suelo hasta el corte del video.

“Están mal de la cabeza”, “Su ignorancia no tiene límites”, “Recordemos no solo grabar. Una llamada al 123 puede cambiar las cosas a tiempo”, “Me hierve la sangre de ver esto”, “Esto no puede quedarse así. Hagan algo, por favor”, se lee en algunos de los comentarios en los que ciudadanos exigen a las autoridades dejar caer todo el peso de la Ley sobre los implicados.

A pesar de que en Colombia existen más de 15.500 denuncias de maltrato animal registradas desde 2016, solo un 1,4 % de estos casos ha concluido con condenas, una cifra que deja en evidencia el nivel de impunidad que persiste en torno a estos delitos. Frente a esta problemática, el presidente Gustavo Petro firmó en abril dos nuevas normativas, conocidas como leyes Ángel y Lorenzo, que buscan fortalecer considerablemente la protección de los animales en el país.

El Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) detalló que la Ley Ángel impone sanciones más severas para quienes incurran en el maltrato animal, mientras que la Ley Lorenzo garantiza condiciones dignas para los perros de seguridad. La promulgación de estas normas tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, y durante el acto el gobierno rindió homenaje a Wilson, el perro militar que participó en la ‘Operación Esperanza’, en la que cuatro niños indígenas fueron rescatados tras permanecer 40 días perdidos en la Amazonía en el 2023. Este homenaje reiteró el compromiso estatal con los derechos de los animales.

Durante la ceremonia, el presidente Petro declaró: “Es a través del animal, de todo lo vivo, que comprendemos que la naturaleza debe ser respetada. De lo contrario, moriremos”. Palabras que expresaron la visión del gobierno en torno a la defensa del medio ambiente y la vida.

Ambas iniciativas llegaron al Congreso impulsadas por la senadora Andrea Padilla Villarraga, y obedecen a varios casos de crueldad animal que impactaron a la opinión pública en los últimos años. En particular, la Ley Ángel —nombrada así en honor a un perro que fue víctima de un grave episodio de violencia en Boyacá en 2021 y falleció a comienzos de este año tras una prolongada recuperación— introduce penas de prisión que superan los cuatro años para quienes “maten, lesionen gravemente o abusen sexualmente de un animal”.

La reglamentación también eleva el monto de las multas y agrega sanciones accesorias, tales como la prohibición de tener animales en el futuro y la creación de un registro nacional de agresores. El objetivo principal de la norma radica en revertir los bajos niveles de judicialización y reducir los beneficios judiciales, como la libertad condicional, para quienes sean condenados por estos delitos.

En paralelo, la Ley Lorenzo fija estándares de bienestar para los perros empleados en tareas de vigilancia privada, limita la edad máxima para que estos animales sigan activos en labores de seguridad y estimula la incorporación de tecnologías que, a mediano plazo, podrían reemplazar el uso de estos animales. Tanto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como la Superintendencia de Vigilancia tendrán a cargo la implementación y la supervisión de estas disposiciones, de acuerdo con lo informado por el gobierno.