La delegación para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en conjunto con la Diócesis de San José del Guaviare, emitió un comunicado tras el hallazgo de una fosa común en el municipio de Calamar (Guaviare), con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos que llevaban desaparecidos aproximadamente tres meses.
El documento señala que la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri y Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón causan dolor y consternación en la sociedad.
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“(...) Frente a este hecho, como Iglesia Católica, expresamos nuestro más categórico rechazo y nos solidarizamos con sus familiares. Este acto infame, que ha cobrado la vida de ocho personas, quienes dedicaban su vida al servicio espiritual y comunitario, representa una grave afectación a la vida social y la paz de la región”, indicó el comunicado conjunto.
Las autoridades adelantan investigaciones para determinar cuál estructura ilegal estuvo detrás del múltiple crimen. Preliminarmente, se atribuye el hecho a estructuras disidentes de las Farc, en una zona en disputa con facciones del ELN.
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las víctimas fueron citadas a una reunión el 4 de abril de 2025 por integrantes de la estructura Armando Ríos, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Los otros seis fueron citados dos días después. Se sospecha que las víctimas fueron interrogadas por su presunta vinculación con el ELN, aunque la Fiscalía descarta cualquier evidencia de estos nexos.
La Iglesia instó a los actores armados a frenar la violencia: “Hacemos un llamado a los actores armados a buscar caminos de paz, que permitan mejorar la situación humanitaria, el desescalamiento del conflicto en la región, y la salvaguarda de la vida de las comunidades”.
Y finalizó su comunicado, indicando que: “Nos solidarizamos con las familias de las víctimas, con las comunidades de fe y con los habitantes del Guaviare, en estos difíciles momentos. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la dignidad humana, la justicia, la paz como don de Dios y la búsqueda de la Reconciliación en Colombia".
Asimismo, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, detalló que las labores de inteligencia de la Cuarta División del Ejército, sumadas a información entregada por fuentes humanas, permitieron ubicar la fosa.
“Desde el primer momento, nuestras tropas brindaron seguridad y acompañamiento a los peritos de la Fiscalía, garantizando el proceso de exhumación e identificación de los cuerpos con total respeto por las víctimas y sus familias”, afirmó.
El general Cardozo rechazó el crimen, al tiempo que ofreció las capacidades de la institución para dar con los responsables.
Asimismo, invitó a la ciudadanía a aportar información relevante mediante las líneas nacionales habilitadas: 107 Antiterrorismo y 147 del Gaula Militar.
Detalles macabros de la masacre
De acuerdo con el fiscal delegado Raúl González, en conversación con Blu Radio, las víctimas fueron obligadas a cavar la fosa donde, minutos después, fueron asesinadas.
“Fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados por presuntos vínculos con el ELN, acusación sin sustento alguno, según la investigación en curso”, detalló en la entrevista.
La hipótesis principal de la Fiscalía sostiene que el crimen se originó en supuestos temores de las disidencias sobre un posible intento de conformar una nueva estructura mafiosa asociada al ELN, rumor infundado hasta ahora en la investigación.
A su vez, el fiscal González reconoció debilidades institucionales en los protocolos de protección, considerando el grave panorama de orden público en Guaviare. “Desafortunadamente, siempre hay una falla. Estas situaciones no deberían ocurrir. Vivimos en unos niveles de violencia que nos exigen mayor responsabilidad como Estado frente a la protección de nuestros ciudadanos”, concluyó.
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