La Fiscalía General de la Nación informó este 2 de julio de 2025 sobre la imputación de siete personas, entre ellas César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), por su presunta participación en un esquema de corrupción.
Este caso involucra el desvío de más de cien mil millones de pesos provenientes de un convenio entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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En medio del escándalo, la Fiscalía detalló los cargos imputados, los cuales no fueron aceptados por los involucrados. Estos señalamientos incluyen la manipulación irregular y el direccionamiento de contratos, así como la apropiación indebida de recursos públicos.
Esquema corrupto con coimas del 7%
Según la investigación, desarrollada entre marzo de 2023 y mayo de 2025, se detectó que Manrique Soacha facilitó y gestionó la entrega de los fondos del convenio a través de un esquema corrupto que exigía coimas equivalentes al 7% de los contratos adjudicados.
Según la Fiscalía, los contratos afectados incluyeron la compra de carrotanques, el suministro de plantas desalinizadoras, la instalación de pozos de agua potable, interventorías y servicios de topografía a nivel nacional.
El contrato más emblemático fue el de suministro de cuarenta carrotanques pequeños para comunidades indígenas en La Guajira, adjudicado ilícitamente por 29.000 millones de pesos a la Corporación Mixta Yapurutú, que presentó un sobrecosto de 13.164 millones.
De este monto, al menos tres mil millones de pesos fueron entregados como coima a Manrique Soacha, según los registros judiciales.
La Fiscalía estableció que Luis Carlos Barreto Gantiva, entonces subdirector de riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y ya judicializado, recurrió al abogado Édgar Eduardo Riveros Rey para seleccionar a las empresas y particulares que participarían en las invitaciones a contratar, así como para definir la asignación de cada contrato.
Además, se descubrió que Ana María Riveros Barbosa, hija de Édgar Riveros, recibió consignaciones por parte de los fondos ilícitos y realizó nueve retiros en efectivo que sumaron tres mil millones de pesos.
Estos recursos fueron transferidos a Barreto para su posterior entrega a Manrique Soacha a través de su asesor Jorge Aristizábal Rodríguez.
Manipulación de procesos y favoritismo
Otros implicados, como Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, quienes actuaban como contratistas de la Ungrd, habrían estructurado los procesos contractuales, ajustado las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para favorecer a determinados contratistas, entregado información confidencial y aprobado la selección de adjudicatarios predeterminados, según la entidad fiscal.
En octubre de 2023, se firmó el contrato para la compra de los carrotanques, pero la Corporación Mixta Yapurutú, representada por Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, presentó una propuesta comercial con sobrecostos, falsificó documentos privados, solicitó desembolsos sin entregar los vehículos y pagó coimas a los intermediarios del esquema.
Del sobrecosto detectado, 2.060 millones beneficiaron directamente a Riveros Rey y 6.380 millones a los directivos de Yapurutú.
Los procesados e imputados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos
La Fiscalía imputó a los siete procesados por múltiples delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los acusados aceptó los cargos, y el proceso judicial continúa su curso.
Los imputados son:
- César Manrique Soacha (exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública)
- Édgar Eduardo Riveros Rey (abogado)
- Ana María Riveros Barbosa (hija de Édgar Riveros)
- Sonia Rocío Romero Hernández (contratista de la Ungrd)
- Édgar Echeverri Toro (representante legal de la Corporación Mixta Yapurutú)
- Francisco Javier Estupiñán Bravo (jefe de ventas de la misma corporación)
- Jorge Aristizábal Rodríguez (asesor de la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública)
- Óscar Enrique Cárdenas Angulo (contratista de la Ungrd)
Este caso destapa un entramado de corrupción que impactó directamente a comunidades vulnerables, especialmente indígenas de La Guajira, quienes permanecieron sin el acceso oportuno a recursos vitales como agua potable y vehículos para su abastecimiento debido a la irregularidad en la ejecución de estos contratos.
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