
El 1 de julio de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en el centro de la polémica por detener la extradición a Estados Unidos de Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc para vincularlo a su política de Paz Total.
La resolución del jefe de Estado generó indignación en el sector de oposición. A juicio del exministro de Justicia Wilson Ruiz, es un premio para los delincuentes.
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“Uno se pregunta por qué premian a los delincuentes, por qué a ellos los colocamos en tarimas, los felicitamos y las pobres víctimas esperando que les digan la verdad que pasó con sus seres queridos. Que los reparen, no con tierras estériles ni con bienes inservibles, que los reparen económicamente”, reclamó en entrevista con Semana.

El ex alto funcionario, que formó parte del gabinete del expresidente Iván Duque, dirigió un llamado urgente a las altas Cortes, instándolas a defender la Constitución Política frente a las medidas que, según él, benefician a criminales peligrosos.
Ruiz también advirtió que la situación actual recuerda episodios recientes en los que, tras la negativa del Senado a una consulta popular, el Gobierno acudió al Consejo de Estado y, no satisfecho, impulsó un decreto para convocar la consulta, trasladando la responsabilidad al registrador nacional. “Lo trataron de cooperador logístico, lo trataron de empleado de ellos. Imagínense ustedes, desconocieron al Congreso de la República o rama Legislativa”.
De igual manera, subrayó que ahora se está ignorando incluso a la Corte Constitucional, que tiene control automático sobre decretos de este tipo, especialmente aquellos que considera “por fuera de la ley”. Ruiz explicó que la resolución que detuvo la extradición de alias Mocho Olmedo constituye, a su juicio, un acto administrativo sujeto al control del Consejo de Estado. “Claro que sí, tienen control por parte del Consejo de Estado, porque es una resolución del presidente, una resolución que yo considero que es un acto administrativo”, detalló.

Dadas las circunstancias, insistió en la necesidad de que las Cortes actúen con firmeza y carácter, recordando que presentó denuncias ante la Corte Penal Internacional y la Comisión de Acusación contra el presidente de la República.
“Hombre párense duro, tengan criterio, tengan carácter porque mi Dios y la vida los puso allí y tomen decisiones”, exhortó a los magistrados.
El exministro consideró viable demandar el acto administrativo, equiparándolo a los procesos que se siguen cuando se nombran gestores de paz. “Por supuesto que le cabe la suspensión provisional, por supuesto que le cabe la demanda de acción de nulidad, buscando anularla o suspenderla. Si es una suspensión, que en dos o tres semanas la estén suspendiendo para que no le ocasionen tanto daño al país”, enfatizó Ruiz.
En su análisis, Ruiz criticó la actitud del Gobierno Petro, al que acusó de desobedecer a la rama Judicial y de burlarse de jueces y magistrados cuando las decisiones no le resultan favorables. “Hay que eliminar la rama Judicial. Hay que eliminar definitivamente el Congreso porque no nos sirve y pasemos por encima de la Constitución”, ironizó, evidenciando su preocupación por el rumbo institucional del país.

A pesar de las críticas, el gobernante de los colombianos utilizó sus redes sociales para defender su decisión, argumentando que la ley lo ampara en este tipo de casos.
“La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita. La extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no”, precisó el jefe de Estado en su cuenta de X.
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