
El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha generado consternación nacional y múltiples reacciones en el ámbito político y judicial. En medio del debate sobre la seguridad de las figuras públicas en Colombia, se han empezado a explorar las implicaciones jurídicas que tendrían que afrontar los responsables de este ataque, en caso de que el legislador, gravemente herido, no logre sobrevivir.
En entrevista con Infobae Colombia, el abogado penalista David Sinitave Sucerquia explicó en detalle cuáles serían las consecuencias legales para los implicados si se llegara a producir el fallecimiento del congresista.
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Según el jurista, actualmente las personas señaladas en el proceso enfrentan cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, el delito más grave de los imputados hasta el momento. No obstante, de producirse la muerte de Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación estaría facultada para modificar la calificación jurídica de los hechos, eliminando la figura de la “tentativa” y elevando el caso a un homicidio agravado consumado. Este cambio, previsto tanto en la ley como en la jurisprudencia colombiana, tendría un impacto directo y significativo en la pena a imponer.
“El cambio en la calificación jurídica está permitido legal y jurisprudencialmente, sobre todo cuando aún no se ha presentado el escrito de acusación”, explicó Sinitave. En ese escenario, la Fiscalía podría ajustar su formulación sin necesidad de modificar los hechos fácticos ya establecidos en la imputación, siempre que estos permitan sustentar la nueva calificación.
De esa forma, el delito pasaría de una tentativa de homicidio —cuyo rango de pena va entre 120 y 300 meses de prisión— a un homicidio agravado consumado, con penas que oscilan entre los 480 y 600 meses de prisión, es decir, de 40 a 50 años.

El momento clave para esta modificación sería la etapa de acusación, ya que allí es donde la Fiscalía formaliza los hechos jurídicamente relevantes y la calificación definitiva con la que se irá a juicio. Si la muerte del senador se registra antes de esta audiencia, la entidad investigadora simplemente ajustaría su escrito, retirando el calificativo de “tentativa”.
No obstante, Sinitave advierte que incluso si la víctima fallece después de presentada la acusación formal, es posible modificar la calificación durante el desarrollo del juicio oral. Para ello, deben cumplirse dos condiciones esenciales. La primera es que el nuevo delito esté relacionado con el mismo género del anterior y sea de igual o mayor gravedad. La segunda, y quizás más relevante, es que se respete el principio de congruencia establecido en el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal.
“El juez solo puede condenar por los hechos y delitos que fueron expuestos en la acusación. Para elevar la calificación a homicidio consumado, la Fiscalía debe demostrar que los elementos fácticos —como el atentado y las heridas— ya fueron detallados y debatidos en juicio, y que la muerte constituye simplemente un resultado posterior de esos mismos hechos”, aclaró el penalista.

Así las cosas, en el hipotético caso de que Miguel Uribe fallezca durante el proceso, la Fiscalía tendría hasta antes del fallo en primera instancia para solicitar este cambio. Según Sinitave, la etapa de alegatos finales sería el último momento procesal viable para justificar la nueva calificación, siempre que se argumente de manera sólida el hecho sobreviniente: la muerte del senador como consecuencia directa del ataque.
Este tipo de variaciones jurídicas no son frecuentes, pero están contempladas precisamente para responder ante escenarios complejos en los que los hechos evolucionan con el tiempo. En este caso, el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa jugarán un papel crucial. “La defensa no puede ser sorprendida con hechos nuevos no debatidos en juicio. Por eso es tan importante que el fundamento fáctico ya haya sido expuesto con claridad desde la acusación inicial”, subrayó Sinitave.
La situación de los implicados en el atentado podría agravarse considerablemente si se confirma la muerte del senador, no solo por el incremento en la pena posible, sino también por la repercusión política y social del caso. Miguel Uribe, perteneciente al partido Centro Democrático, ha sido una de las voces más críticas del actual Gobierno y un actor clave en la oposición, por lo que el caso ha tenido una gran visibilidad mediática y un impacto en la opinión pública.

Mientras el país sigue a la espera de noticias sobre el estado de salud del senador, el proceso judicial continúa su curso. Las autoridades mantienen en reserva los avances de la investigación, pero con la advertencia de que, si el desenlace es fatal, el peso de la ley caerá con toda su fuerza sobre los responsables.
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