
En medio de un sistema de salud que enfrenta tensiones crecientes, el costo de los medicamentos continúa siendo uno de los factores más determinantes —y preocupantes— en la sostenibilidad financiera del modelo colombiano. Solo para 2024, el gasto público en fármacos podría llegar a los $28,9 billones, según estimaciones de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).
Aunque en los últimos años se habló con frecuencia sobre la presión que ejercen las nuevas tecnologías y el envejecimiento poblacional en el sistema de salud, pocas veces se dimensiona cuánto pesa la compra de medicamentos en las cuentas nacionales. Acemi calcula que estos representan entre el 62% y el 67,2% del gasto total en servicios de salud, una proporción que evidencia el peso creciente de los medicamentos dentro del sistema y su impacto financiero estructural.
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El aumento sostenido en los costos no es producto de una única causa. Por el contrario, responde a una mezcla compleja de factores que van desde decisiones internas hasta fenómenos del mercado global. Uno de los principales elementos que disparó el gasto es la ampliación del Plan de Beneficios en Salud (PBS), que sumo progresivamente tratamientos y fármacos que deben ser cubiertos por el sistema. Esto, combinado con el ajuste anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), termina aumentando la presión sobre las entidades responsables del aseguramiento.
Además, hay un fenómeno estructural difícil de eludir, el encarecimiento de los insumos a nivel internacional. La industria farmacéutica global reportó incrementos sustanciales en el valor de las materias primas, así como restricciones en su disponibilidad. En ese contexto, Colombia, que depende en gran medida de las importaciones, enfrenta una cadena de costos que repercute directamente en las cuentas estatales.
De hecho, Acemi señaló que entre 2021 y 2023, el valor de las transacciones de venta de medicamentos en Colombia se movió dentro de un rango significativo, que osciló entre los $12,4 billones y los $17 billones, lo cual ya representaba una carga considerable para el sistema de salud. Sin embargo, el panorama para este 2024 parece aún más exigente. Las proyecciones indican que, de mantenerse la tendencia actual, al cierre del año esa cifra podría escalar hasta los $19,4 billones, una marca sin precedentes que pone en evidencia la magnitud del desafío que enfrenta tanto el Gobierno como los distintos actores del sistema.

Otro punto clave, que a menudo pasa desapercibido en el análisis general del gasto en salud, es que las cifras presentadas hasta ahora no representan la totalidad del costo real que implica garantizar el acceso a medicamentos en el país. Según la misma Acemi, las proyecciones de gasto no contemplan los rubros adicionales que se derivan de la gestión logística y operativa de estos productos, un componente esencial que está en manos de los gestores farmacéuticos y los prestadores de servicios de salud.
Este aspecto incluye múltiples tareas que van desde el almacenamiento especializado y el transporte con condiciones técnicas exigentes (como cadenas de frío), hasta el personal encargado de la entrega oportuna y adecuada a los pacientes, pasando por sistemas informáticos para trazabilidad y control de inventarios. Todas estas funciones, aunque invisibles para muchos usuarios, representan una carga económica considerable que debe ser asumida por el sistema, ya sea a través de recursos públicos o de las propias entidades del sector.

Este panorama genera preocupación en varios frentes. Por un lado, hay una legítima demanda de los pacientes por acceder a medicamentos modernos y eficaces. Por otro, el sistema financiero de salud, que ya opera con déficit en varios frentes, enfrenta el desafío de cubrir estas necesidades sin colapsar.
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