El 1 de julio de 2025, en el Juzgado 44 Penal del Circuito Judicial de Bogotá, se reanudó el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos en 2018.
A lo largo la audiencia, Jaime Granados, abogado defensor del líder del Centro Democrático, presentó los alegatos finales ante la jueza encargada del caso.
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El litigante dirigió sus argumentos hacia el papel desempeñado por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, a quien la Fiscalía General considera testigo clave en el proceso.
En ese sentido, sostuvo que las pruebas testimoniales recabadas permiten establecer que Monsalve recibió beneficios judiciales gracias a la intervención del senador de la República por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. Además, explicó que varios internos de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá, relataron que Monsalve fue trasladado a una casa fiscal sin cumplir los requisitos exigidos para ese beneficio. Este traslado, de acuerdo con los testimonios, provocó altercados dentro del centro penitenciario.
El jurista también resaltó que no fueron pocos los reclusos que escucharon a Monsalve atribuir su traslado a una “cortesía” de Cepeda, que, según el propio Monsalve, se ocupaba de su protección y seguridad. Además, Granados recordó que Monsalve había declarado abiertamente que el senador utilizó su influencia para evitar que fuera enviado a la cárcel de Valledupar, después de que Monsalve protagonizara un incidente de indisciplina en su celda.
Durante su testimonio, Iván Cepeda respondió a las preguntas de la defensa de Uribe y admitió que gestionó el traslado de Monsalve porque le preocupaba “la vida” del exparamilitar. Granados, al referirse a este punto, afirmó: “Aquí hay una relación de favorecimiento claro del senador Iván Cepeda Castro al testigo, recluso, interno, condenado a 44 años de prisión Juan Guillermo Monsalve Pineda. Eso no es objeto de debate, eso está probado”.
A su vez, el abogado defensor denunció irregularidades en la actuación de la Fiscalía. Según Granados, en la etapa probatoria no se anexaron las conversaciones completas que Monsalve y Cepeda mantuvieron por chat. El material presentado por el ente investigador solo incluyó los mensajes enviados por Monsalve, sin mostrar las respuestas del senador en las conversaciones fechadas el 21 de febrero de 2018. Granados cuestionó: “Pareciera que todo se tratara de un monólogo de Monsalve, puesto que solamente se presentaron los chats de este y jamás la respuesta que obtenía del congresista”.
Por lo anterior, el jurista planteó la necesidad de esclarecer si existía más información relevante en esos chats y por qué Cepeda no puso a disposición la conversación completa ni su teléfono móvil para una extracción forense.
Granados expresó: “Vale la pena saber si había o no más información. Entonces surge el interrogante de por qué el senador Iván Cepeda Castro no puso a consideración la conversación completa y su celular para realizar una extracción forense de las conversaciones que tuvo con Monsalve”.
A pesar del tiempo transcurrido, persiste la incógnita sobre el contenido de las respuestas de Cepeda a Monsalve, especialmente en lo relativo a las solicitudes de traslado a la casa fiscal de La Picota y la petición de una nevera propia. Tampoco se verificó la versión ofrecida por el senador sobre el supuesto daño de su teléfono, donde se almacenaban las conversaciones con Monsalve.
Granados también señaló que la Fiscalía no presentó todos los audios o notas de voz que Cepeda remitió en su momento a la Corte Suprema de Justicia. El abogado preguntó: “¿Y esto por qué? Porque hubo una selección de esos audios o notas de voz”. Según su análisis, en estos asuntos relevantes, el ente investigador no aportó pruebas que permitieran conocer el interés de Monsalve en obtener beneficios.
Así mismo, Granados concluyó que “la Fiscalía no probó nada con relevancia penal frente a lo que dijo en su escrito de acusación y lo que prometió en su teoría del caso”.
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