La Corte Suprema de Justicia decidió abrir una investigación preliminar contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras recibir una denuncia que lo señala por supuesta manipulación en la votación del proyecto de consulta popular durante la plenaria del Senado el 14 de mayo.
Uno de los hechos más graves señalados en la denuncia es que se habría permitido cambiar el sentido del voto del senador Edgar Díaz después de que ya se había cerrado formalmente la votación.
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Esta presunta irregularidad ha encendido las alarmas sobre la transparencia del proceso legislativo y ha puesto en el centro del debate el papel que jugó Cepeda durante esa sesión decisiva. La denuncia sostiene que el cierre anticipado de la votación y la posterior autorización para modificar un voto podrían constituir delitos contra la participación democrática y la función pública.
Entre los cargos que se mencionan están perturbación del certamen democrático, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, prevaricato por acción y omisión de actos propios del cargo.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César Augusto Reyes, asumió el caso y ordenó la recolección de pruebas y testimonios.
Reyes también citó al senador Cepeda para que rinda versión libre sobre lo ocurrido. Aunque se trata de una investigación preliminar, el alto tribunal considera que hay suficientes elementos para indagar a fondo la conducta del congresista conservador.
Cepeda como uno de los principales detractores de la consulta popular
Este episodio ha intensificado el escrutinio público sobre el papel de Cepeda en el Congreso, especialmente por tratarse de una figura clave en la oposición a la consulta popular impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El propio Cepeda ha liderado, junto a su equipo jurídico, la estrategia legislativa para bloquear esta iniciativa, que buscaba someter a la ciudadanía un cuestionario de 16 preguntas con temas sensibles de la agenda oficial.
El 18 de junio, Cepeda envió una comunicación oficial a la Casa de Nariño notificando el resultado de la votación en la que 52 senadores rechazaron la propuesta y solo dos la apoyaron, lo que marcó el hundimiento de la consulta popular 2.0.
La carta citó como sustento legal el artículo 104 de la Constitución y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que regula los mecanismos de participación ciudadana.
Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que convocaba a la consulta, Cepeda celebró el fallo y aseguró que este confirma la falta de sustento jurídico de la iniciativa.
“¿Cuál decretazo? No existe. Lo suspendió el Consejo de Estado mediante una demanda que presentamos con el equipo jurídico del Senado”, declaró.
El senador también manifestó su confianza en que el alto tribunal declarará la nulidad definitiva del decreto presidencial, al considerarlo contrario a la Constitución y al pronunciamiento previo del Senado.
“La consulta popular se negó en la plenaria, así que no hay manera de que el registrador convoque dicha consulta”, afirmó con contundencia.
Además, el 4 de junio, a través de sus redes sociales, advirtió: “Si el presidente Petro decreta la consulta popular estaría violentando todas las leyes y la justicia colombiana. Ese decreto será demandado inmediatamente”.
Pero más allá del debate jurídico, la posición de Cepeda tiene implicaciones políticas profundas.
El congresista ha actuado como contrapeso del Gobierno, no solo en el caso de la consulta, sino también durante la tramitación de la reforma laboral. Aunque facilitó su aprobación en el Congreso, lo hizo con reservas.
Calificó el texto final como “lo menos malo”, reconociendo tensiones entre la propuesta original del Ejecutivo y los ajustes realizados en las distintas comisiones.
Su postura refleja un enfoque pragmático: permitir el avance de la reforma antes que abrir la puerta a una consulta popular que, según él, pretendía imponer reformas sin el debido trámite legislativo. “Preferible una reforma imperfecta a un mecanismo que elude al Congreso”, dejó entrever en sus declaraciones.
La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, personificada en la figura de Cepeda, tuvo otro punto álgido cuando el presidente del Senado firmó tres leyes que el presidente Petro se negó a sancionar, argumentando que no había recibido la documentación oficial a tiempo.
Este hecho fue calificado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como un “quiebre institucional” y un “atentado contra la Constitución”.
No obstante, Cepeda defendió su actuación como un ejercicio legítimo de la autonomía del poder legislativo frente a lo que consideró maniobras dilatorias del Ejecutivo.
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