Sigue saliendo a la luz información importante sobre el intento de homicidio contra Miguel Uribe Turbay, mientras el senador y precandidato presidencial permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe. La investigación puso el foco en el adolescente de 14 años señalado como presunto autor material, cuya situación personal y familiar se conoció durante las diligencias judiciales.
El joven, actualmente bajo custodia en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, enfrenta vigilancia permanente. Su captura se dio tras recibir un disparo en la pierna y sufrir varios golpes, hechos que motivaron que la audiencia judicial se realizara de manera virtual desde la cama del hospital donde se encontraba.
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Durante esta diligencia, se expusieron detalles sobre su entorno y antecedentes, aportando elementos clave para comprender el contexto en el que se habría gestado el ataque.
Uno de los momentos más significativos de la audiencia fue la intervención de una funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que presentó un perfil psicosocial del menor. En este informe, se incluyó el testimonio de la tía del adolescente, quien relató episodios de violencia ejercida por el padre.
Según la funcionaria, la tía afirmó que el progenitor “le pega puños, patadas, le dice groserías y lo regaña. Le dice: “‘Lo voy a romper’. Que si tiene que pagarlo, lo paga, lo trata a los madrazos y la situación se presenta desde hace bastante tiempo”. De acuerdo con Semana, este testimonio, resaltado por el Icbf, permitió establecer que el joven creció en un ambiente marcado por la violencia intrafamiliar.
El historial del adolescente incluye cinco anotaciones relacionadas con agresiones, abandono y conductas violentas. Estos antecedentes refuerzan la percepción de un entorno familiar adverso, que habría influido en su desarrollo y comportamiento. Además, se conoció que el menor residía con su abuela y uno de sus tíos, mientras que el padre se encuentra fuera de Colombia. Existen versiones no confirmadas que sugieren que el progenitor habría salido del país para participar en el conflicto entre Ucrania y Rusia, aunque ninguna autoridad ha validado oficialmente esta información.
Cabe recodar que el joven también estuvo vinculado al programa Jóvenes en Paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. “El informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente”.
Esta evaluación oficial subraya las dificultades de integración social y la falta de adherencia a procesos de acompañamiento institucional por parte del menor.
Ante el material probatorio en su contra, el adolescente busca acogerse a un principio de oportunidad con la Fiscalía. Para ello, comenzó a colaborar con las autoridades, aportando información que ha permitido identificar a personas involucradas en la planeación y ejecución del atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Mientras avanza la investigación, el joven permanece en las instalaciones del ente acusador, su custodia y atención son reguladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). “El joven sicario pasa sus días en un sitio especial del búnker de la Fiscalía que fue aprobado por el Icbf y que cumple con los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia”, explicó la periodista D’arcy Quinn en La FM.
El menor también estará acompañado las 24 horas al día por un funcionario del Icbf, cuya misión es vigilar que se cumplan los requisitos legales, además de velar porque se garanticen ciertos derechos como acceso a luz solar, alimentación balanceada (tres comidas diarias) y atención psicosocial.
En diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Rogelio Roldán analizó los escenarios posibles que podrían registrarse luego de la audiencia y la rueda de prensa mencionada.
“Esto puede obedecer a dos cosas. La primera, que se trate de una estrategia, ya que la jurisprudencia colombiana no ha sido pacífica, en el momento se puede registrar un preacuerdo dependiendo la etapa procesal, no hay que perder de vista que la ley, en la que la sanción, porque no se habla de pena, oscila de dos a ocho años”.
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