Otra legislatura termina con reformas pendientes y una agenda fragmentada: Gobierno Petro prepara nueva ofensiva en el Congreso

La legislatura que concluyó a mediados de junio dejó al descubierto las tensiones políticas, los límites de la gobernabilidad del Ejecutivo y la complejidad de tramitar reformas estructurales en un Congreso fragmentado.

Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro logró ciertos avances estratégicos, como la aprobación de las reforma laboral y pensional, y avances parciales en la de la salud, los datos confirman lo que ya se percibía en el ambiente político: el bajo índice de aprobación de proyectos, el archivo de iniciativas clave y un Congreso que ya se mueve bajo la lógica preelectoral del 2026.

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De acuerdo con un informe de la firma Seguimiento & Estrategia, durante esta legislatura se radicaron 644 proyectos en la Cámara de Representantes y 492 en el Senado; sin embargo, el volumen no se tradujo en efectividad. La aprobación de iniciativas fue baja, reflejo de un escenario donde el Gobierno no logró consolidar alianzas estables y donde las diferencias con las presidencias de las cámaras fueron notorias.

El panorama se puede dividir en tres bloques: reformas que avanzaron, las que se estancaron y aquellas que fracasaron.

1. Lo que avanzó: El caso más representativo fue la reforma laboral, que tras ser rechazada en primer debate, fue revivida a través de una apelación. En la Comisión IV del Senado se introdujeron cambios, pero se mantuvieron los principales postulados del proyecto original, lo que permitió al Ejecutivo presentar este resultado como una victoria política.

2. Lo que quedó en el limbo: La reforma pensional experimentó un revés jurídico cuando la Corte Constitucional detectó un vicio de trámite y ordenó devolverla a la Cámara. Esta, no obstante, corrigió el procedimiento con 104 votos a favor y 9 en contra. El texto volverá ahora a la Corte para su revisión final. En el caso de la reforma a la salud, el Gobierno logró superar los primeros dos debates en la Cámara, pero enfrenta una prueba mayor en la Comisión Séptima del Senado, donde las divisiones y el escepticismo son mayores.

3. Lo que se cayó: El Ejecutivo sufrió duros reveses con el rechazo del Presupuesto General de la Nación, la caída de la Ley de Financiamiento y el archivo de la reforma política. Además, no prosperaron proyectos como la regulación integral de la inteligencia artificial, la reforma al sistema penal juvenil ni el plan de modernización ferroviaria, pese a los discursos enfáticos del Gobierno sobre la necesidad de estos cambios.

Uno de los aspectos más llamativos del periodo fue el nivel de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente el Senado. La relación entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue tensa; con múltiples cruces mediáticos y el rechazo de la consulta popular promovida por el Gobierno, lo que evidenció un Congreso con poca disposición a respaldar las iniciativas del Ejecutivo sin condiciones.

Este clima político, más que un simple desacuerdo programático, refleja una falta de articulación institucional y una transición inacabada en la forma de gobernar, donde el presidente aún apuesta por la presión ciudadana como método para incidir sobre el Congreso.

A pesar de ello, el informe concluye que el sistema institucional operó en sus términos: se aprobaron tres reformas sustantivas, se rechazaron otras de peso y se dejaron decenas de iniciativas en trámite, preservando así el equilibrio entre poderes, aunque a un alto costo en términos de gobernabilidad.

Una de las mayores frustraciones se dio en el campo ambiental y minero-energético. Aunque en 2022 se perfiló un Congreso con vocación de liderazgo en la transición energética, los hechos no acompañaron las intenciones. Se aprobaron leyes como la de humedales y la de integridad biológica, pero propuestas fundamentales como la prohibición del fracking, la creación de Ecominerales o el proyecto Agua para La Guajira fueron archivadas.

En el campo de la tecnología e innovación, se aprobó un proyecto para penalizar la suplantación con inteligencia artificial, pero el marco regulatorio integral promovido por el Gobierno ni siquiera fue debatido.

En el sector financiero, las propuestas para reducir los costos a los usuarios generaron resistencias de la banca, que alertó sobre supuestos riesgos para la seguridad del sistema financiero y su sostenibilidad.

El 20 de julio de 2025 se instalará una nueva legislatura. El evento marca el comienzo de un nuevo periodo ordinario del Congreso, cuya dinámica está regulada por la Constitución en su artículo 138. En Colombia, el Congreso tiene dos periodos al año: del 20 de julio al 16 de diciembre, y del 16 de marzo al 20 de junio.

Durante ese primer día, el presidente de la República expone el balance del año y traza la hoja de ruta legislativa, mientras los partidos reorganizan sus comisiones, eligen nuevas mesas directivas y delinean sus prioridades. Este será un momento clave para el Gobierno Petro, que necesita reconstruir alianzas, revivir proyectos pendientes y definir una estrategia que le permita enfrentar el último tramo de su mandato con mayor eficacia parlamentaria.