El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia anunció el reinicio de la mesa técnica encargada de revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.
La decisión, formalizada mediante la Resolución 1324 del 27 de junio de 2025, responde al Auto 504 de 2025, que exigió ajustes en la metodología y la composición de este espacio de análisis, tras identificar deficiencias en la participación y transparencia de las sesiones previas.
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La UPC representa el monto anual que el Estado asigna a cada afiliado del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) para financiar la atención médica.
En enero de 2025, la Corte Constitucional declaró insuficiente el cálculo de este valor, señalando un rezago que afecta la sostenibilidad financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y, por extensión, la calidad del servicio para los usuarios.
Suspensión y reorganización de la mesa técnica
El alto tribunal suspendió por 30 días las sesiones de la mesa técnica creada por la Resolución 370 de 2025, argumentando que no se garantizaban condiciones de participación equitativa, técnica y transparente para todos los actores del sistema.
La nueva resolución deroga la normativa anterior y establece reglas renovadas para el funcionamiento de la mesa técnica.
El Ministerio de Salud y Protección Social, según información obtenida por Caracol Radio, reorganizó el proceso para asegurar un enfoque técnico, plural y participativo.
La presidencia de la mesa recae en el viceministro de Protección Social, Luis Gilberto Martínez, mientras que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no liderará directamente este espacio. El carácter participativo de la mesa se refuerza con la inclusión de nuevos sectores.
Entre los convocados figuran la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), representantes del talento humano en salud, universidades, centros de pensamiento, asociaciones gremiales y expertos en salud pública, economía de la salud y sistemas de salud.
También participarán organizaciones como Acemi, Afidro, Asocajas, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), así como entidades estatales como el Ministerio de Hacienda, la Adres, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Superintendencia Nacional de Salud.
En total, 33 entidades o sectores deberán designar a sus representantes principales y suplentes dentro de los diez días siguientes a la publicación de la resolución.
La mesa técnica funcionará bajo normas orientadas a facilitar la participación informada. Se empleará un lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos sin explicación. Las sesiones podrán realizarse de forma presencial, virtual o híbrida, y se grabarán para garantizar la transparencia.
El Ministerio de Salud y Protección Social se compromete a entregar los insumos técnicos y metodológicos con al menos cinco días hábiles de anticipación.
En caso de cancelación de sesiones, estas deberán reprogramarse con un aviso mínimo de dos días y la notificación se realizará a través de los canales oficiales.
La Resolución 1324 define que la mesa tendrá funciones asesoras, técnicas y consultivas, presidida por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.
Entre sus tareas principales se encuentran analizar la suficiencia de la UPC con base en los datos del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), estudiar variables como frecuencias de uso, severidad, siniestralidad, ajustes por riesgo y dinámica normativa, y formular recomendaciones técnicas para la definición del valor anual de la UPC, conforme a la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 780 de 2016.
Sesiones previas y base para la nueva etapa
Los participantes podrán presentar observaciones técnicas, someterlas a votación y solicitar votaciones nominales. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple y las actas de cada sesión serán públicas.
Además, se podrán constituir subgrupos técnicos para abordar áreas específicas como enfermedades de alto costo, riesgo en salud mental o evaluación del impacto normativo, lo que permitirá mayor profundidad en los análisis.
El proceso técnico de revisión ya había contado con seis sesiones realizadas entre marzo y abril de 2025, cuyas conclusiones servirán de base para la nueva etapa.
Estas sesiones abordaron la metodología general y estructura del análisis (20 de marzo), tendencias de frecuencias de uso en servicios de salud (26 de marzo), evaluación de la severidad por grupos de riesgo (2 y 9 de abril), impacto de la normativa vigente en los costos del sistema (23 de abril) y variables de ajuste demográfico y epidemiológico (29 de abril).
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