JEP reconoció a Carlos Caicedo como víctima: el exgobernador denunció persecución política por parte del también exmandatario Trino Luna Correa y un grupo de paramilitares

El proceso de revisión realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) permitió que el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo obtuviera el reconocimiento como víctima dentro del caso que involucra al también exgobernador Trino Luna Correa.

Inicialmente, la solicitud de Caicedo había sido rechazada, tras la evaluación de la Sala de Reconocimiento, por una supuesta insuficiencia probatoria en su petición en calidad de víctima, originada en la denuncia de persecución política y judicial por parte de agentes del Estado y de grupos paramilitares, entre ellos Luna Correa.

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Según informó W Radio, fue en 2022 cuando Carlos Caicedo presentó formalmente ante el organismo de justicia transicional su intención de ser acreditado como víctima dentro de este proceso.

En su solicitud, el exalcalde de Santa Marta argumentó haber sido objeto de una serie de acciones de hostigamiento, persecución y amenazas atribuibles tanto a funcionarios estatales como a estructuras paramilitares, clasificando estos hechos como una estrategia coordinada de persecución política y judicial.

El proceso judicial, en primera instancia, consideró que “no existían pruebas suficientes” aportadas por Caicedo, por lo que su aspiración fue inicialmente anulada.

La Sala de Reconocimiento, sin embargo, reabrió y revisó el caso tras la insistencia del solicitante y el análisis de nuevas evidencias y alegatos presentados.

En su evaluación más reciente, el tribunal determinó revocar la decisión anterior y proceder con el reconocimiento de Carlos Caicedo como víctima.

Así, la JEP enfatizó el cumplimiento de los criterios de justicia transicional en su resolución, permitiéndole a Caicedo participar activamente como interviniente especial en el proceso que implica a Trino Luna Correa.

Esta revocatoria le otorga a Carlos Caicedo nuevas atribuciones jurídicas bajo su estatus de víctima, lo que incluye presentar alegatos, participar en audiencias y solicitar medidas de protección, entre otras prerrogativas contempladas para quienes ostentan este rol dentro del sistema.

Los magistrados resaltaron aspectos relacionados con la justicia restaurativa y el deber de reparación integral, enfatizando la importancia de reconocer a quienes, en contextos de conflicto y violencia, han sido objeto de persecuciones injustificadas.

En su argumentación ante la JEP, Caicedo expuso que fue “perseguido político y judicialmente por agentes del Estado y grupos paramilitares, entre ellos Luna Correa”.

Dicha afirmación, según alegatos documentados por W Radio, se enmarca en una serie de hechos que, de acuerdo con el solicitante, configuran un patrón de persecución sistemática dirigida a obstaculizar su actividad política y social en el departamento de Magdalena.

Trino Luna Correa, exgobernador del Magdalena (2004–2007), fue condenado en 2007 por concierto para delinquir agravado tras aceptar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), particularmente con el Bloque Norte comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Hernán Giraldo Serna.

En 2022, Luna pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde declaró haber participado en alianzas con sectores políticos y económicos con el respaldo de grupos armados ilegales.

En su versión libre ante la JEP, Luna mencionó a figuras como el expresidente Álvaro Uribe y al entonces gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

Según sus declaraciones, Caicedo habría recibido apoyo de las AUC para llegar a la rectoría de la Universidad del Magdalena y habría estado vinculado a hechos violentos contra estudiantes. Caicedo respondió públicamente, negando cualquier relación con grupos armados y atribuyendo las declaraciones a una estrategia para desviar la atención de los crímenes cometidos por Luna.

Posteriormente, Luna se retractó ante la Fiscalía, asegurando que no tenía evidencia directa que implicara a Caicedo. Pese a ello, la JEP decidió no reconocer a Caicedo como víctima dentro del proceso, argumentando que aún se adelantan verificaciones sobre su rol en los hechos descritos.