Fundador del movimiento de Liberación Homosexual explicó cómo es que ser gay dejó de ser un delito en Colombia

El mes del orgullo Lgbt+ terminó, pero la lucha en contra de la discriminación y homofobia continua en pie. Y es que, si bien las relaciones homosexuales se despenalizaron en 1981, aún queda un largo camino para garantizar los derechos de esta comunidad y poner fin a los crímenes de odio en contra de sus integrantes.

Así lo reconoció el fotógrafo Manuel Antonio Velandia Mora, uno de los primeros integrantes del movimiento de liberación homosexual de Colombia, en conversaciones con el creador de contenido conocido en redes sociales como Sergio Explora.

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“El 9 de abril de 1977 hicimos la primera reunión de lo que más tarde sería el movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, con el que me enteré de que era un delincuente, porque en el Código Penal colombiano había un artículo que penalizaba la homosexualidad”, recordó.

Desde sus inicios, los integrantes del movimiento, en cabeza de León Zuleta, trataron de mejorar la realidad de las personas con identidades y orientaciones diversas en el país.

Según Velandia, que fue testigo del Stonewall colombiano, “lo que hicimos fue el lobby a los senadores y congresistas, en general, y es así como se despenaliza la homosexualidad con el Código Penal que empezó a ser vigente en el 81”.

En ese entonces y aún hoy insiste en que “parte de la discusión era si había que cambiar la cultura o había que cambiar las normas. Yo creo que hay que cambiar la cultura, pero en casos específicos necesitamos de las normas, de las leyes, para alegar que cuentas con ciertos derechos”.

Gracias a su esfuerzo por visibilizar a las personas Lgbt+ y su lucha, se gestó la primera marcha del orgullo en Colombia, a la que asistieron 32 personas: 29 hombres gay, dos lesvianas y una mujer trans, en nombre de quienes sentían miedo de manifestarse:

“Pudimos organizar la primera marcha que fue el 28 de junio de 1983, pero, mientras no nos reconozcamos como personas, ciudadanos y sujetos de derecho, nos van a seguir vulnerando. Tenemos que reconocer que los otros, otras y otres también tienen derechos y hay que aprender a respetarles”, puntualizó Velandia, en video.

Aunque Colombia ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la comunidad Lgbt+, persiste un panorama alarmante de violencia contra sus integrantes. Según datos de la Red Somos citados, durante el 2024 fueron asesinadas 175 personas en el país por su orientación sexual o identidad de género, cifra que revela un aumento de la vulnerabilidad de este grupo, pese a las décadas de esfuerzo en favor de su inclusión.

Y el más reciente informe de la red Sin Violencia, según reportó Citynoticias, indicó que en los primeros cinco meses del 2025 ya se cuentan 43 homicidios de personas Lgbt+. Este número representa solo una fracción de las agresiones totales; durante 2024, el país también fue escenario de 689 ataques sexuales en contra de miembros de esta comunidad, lo que equivale casi a dos incidentes diarios. Las mujeres lesbianas y bisexuales sufrieron la mitad de estas agresiones, de acuerdo con el seguimiento del organismo de control.

Los datos de la Red Somos registrados demuestran que el 30% de los asesinatos se localizan en la capital colombiana, Bogotá. Según el director de la ONG, Miguel Ángel Barriga, las localidades de Chapinero y Santa Fe presentan el mayor número de casos, recursos a la concentrada presencia de la población Lgbt+ en dichas zonas. Barriga añadió que en barrios como Kennedy y Bosa también se reportan numerosos crímenes relacionados con la exclusión y la marginación social.

Las estadísticas sugieren además que los hombres gay constituyen el 33% de las víctimas de asesinato en lo que va de 2024, seguidos por las mujeres transgénero con el 17 %. En el caso de los hombres gay, los ataques suelen ocurrir dentro de espacios privados como viviendas u hoteles, mientras que las mujeres trans tienden a ser ultimadas en espacios públicos. Barriga, entrevistado por el noticiero citado, explicó que “las personas Lgbt+ experimentamos violencia simbólica e institucional basada en el prejuicio, la criminalización y la discriminación, especialmente por la ausencia de oportunidades laborales y la exclusión de los sistemas educativos y familiares”.

El Ministerio Público se mantiene en alerta frente a estos hechos. Néstor Osuna, exministro de Justicia y ahora procurador delegado para los Derechos Humanos, advirtió en diálogo con Citynoticias que “persisten casos de discriminación, estigmatización, criminalización y persecución de líderes de esta población”, señalando que la vigilancia y seguimiento de estos delitos se han intensificado en el organismo a su cargo.

La violencia se ve reflejada también en el desafortunado caso de Sara Millerey, una mujer trans asesinada brutalmente en el municipio de Bello, en el área metropolitana de Medellín. Este crimen ha dejado una marca en la memoria colectiva de la comunidad, sirviendo como recordatorio del riesgo y la impunidad que rodea estos hechos.