El proceso judicial contra un líder religioso en el centro del Valle del Cauca cobró notoriedad recientemente luego de que las autoridades ordenaran su detención mientras enfrenta cargos por la presunta violación de una menor.
El caso, que movilizó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía de Vigilancia, permanecía bajo escrutinio no solo por el delito señalado, sino también por la posición de confianza social que ocupaba el acusado dentro de la comunidad de la vereda Costa Rica, situada en el municipio de Ginebra.
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La Fiscalía General de la Nación determinó que el material probatorio reunido durante la investigación permitió vincular a un pastor evangélico con los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2024.
Aquel día, el implicado, valiéndose de la relación establecida con la familia de la víctima, citó a la niña en su domicilio con el pretexto de ofrecerle “una supuesta orientación espiritual y preparar un ayuno”, relató el informe oficial.
Las pesquisas indican que el hombre “habría aprovechado la situación para atacar a la víctima, sometiéndola a tocamientos indebidos en sus partes íntimas”.
El operativo de captura se efectuó el 26 de junio del presente año, después de que los servidores del CTI, apoyados por la fuerza pública, localizaran al acusado en una vía pública en el casco urbano de Ginebra.
Posteriormente, la sección de la Fiscalía con sede en Buga le imputó el delito de acto sexual violento agravado. Durante las audiencias concentradas, las autoridades judiciales informaron que “el procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, detalló el medio.
El caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de menores ante figuras de autoridad en contextos familiares y comunitarios.
La Fiscalía destacó que la investigación se inició a partir de la denuncia y el testimonio de la familia de la afectada, así como de los exámenes forenses y psicológicos practicados por las autoridades.
El análisis de los hechos y las circunstancias permitió a los fiscales formular cargos por “acto sexual violento agravado”, una tipificación que agrava la conducta cuando el agresor detenta una relación de jerarquía o confianza respecto de la víctima.
El pastor, quien lideraba una congregación cristiana en el centro regional, fue trasladado de inmediato a un centro de reclusión donde aguardará el avance del proceso penal.
“La Fiscalía General de la Nación dispone de la línea nacional 018000919748 y el número 122 para llamadas desde teléfonos celulares. En Bogotá, se puede contactar al 601 5702000. Así mismo, la línea nacional 155 está habilitada para casos de violencia de género”, recordó el medio colombiano, que también mencionó el acceso a la Línea Púrpura de la Secretaría de la Mujer (018000112137) y la atención de la Patrulla Púrpura en el 318 8611522 en Cali.
Fraile colombiano acusado de abuso sexual a menores en Italia
Un fraile colombiano de 67 años enfrenta un proceso judicial en Italia tras ser acusado de abuso sexual a menores durante actividades religiosas en Palermo, capital de la isla de Sicilia.
El caso, que ha generado conmoción en la comunidad local y ha movilizado a diversas organizaciones civiles y religiosas, se desarrolla en el tribunal de Palermo, donde se examinan las pruebas y testimonios recabados por la policía y la fiscalía.
El acusado, cuya identidad no ha sido revelada, pertenece a la Orden de los Hermanos Menores Renovados, una congregación originaria de Colombia con presencia en Italia.
El fraile, residente en Palermo, deberá responder ante la justicia por las denuncias de cinco víctimas, todas menores de 14 años en el momento de los hechos.
El tribunal decidió unificar dos de las causas presentadas, lo que ha permitido concentrar los esfuerzos judiciales en un solo proceso. Las acusaciones señalan que el religioso habría aprovechado su posición de superioridad para cometer los presuntos abusos.
Uno de los episodios investigados ocurrió durante un retiro espiritual, donde un niño resultó víctima. Además, se reportaron incidentes en el contexto de confesiones, en los que varias jóvenes, también menores de 14 años, denunciaron haber sido agredidas.
La gravedad de los hechos se acentúa porque los abusos se habrían producido en espacios donde los religiosos tenían la responsabilidad de velar por la seguridad de los menores. Las familias de las víctimas, representadas por los abogados Federica Prestidonato y Marcello Drago, han optado por participar activamente en el proceso judicial, buscando el reconocimiento de los daños sufridos y la responsabilidad penal del acusado.
El caso ha motivado la intervención de dos asociaciones civiles, Cotulevi y Insieme a Marianna, que han obtenido el estatus de parte civil y están representadas por las abogadas Girolama Manzella y Alessandra Inguaggiato, respectivamente.
Además, la Diócesis de Monreale y la propia Orden de los Hermanos Menores Renovados, asistida por la abogada Giulia Galati, también se han constituido como partes civiles en el procedimiento.
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