Una obra vial que en su momento fue presentada como símbolo de progreso urbano en Cúcuta (Norte de Santander) desencadenó un proceso judicial que compromete a dos exalcaldes y a un exsecretario general. La intersección ‘Cuatro Vientos’, cuyo costo se aproximó a los 30.000 millones de pesos, hoy figura en el centro de un expediente penal por supuestas irregularidades contractuales que habrían comenzado desde la concepción del proyecto.
El contrato que dio origen a la obra fue suscrito durante la administración de César Omar Rojas Ayala, que ejerció como alcalde entre 2016 y 2019. La Fiscalía General de la Nación lo señala por presuntamente haber delegado facultades de contratación al entonces secretario general de la alcaldía Hugo Francisco Márquez Peñaranda. Esta delegación se habría efectuado con base en decretos que, para el momento de su aplicación, ya no tenían vigencia jurídica.
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Durante la audiencia de imputación, los fiscales sostuvieron que esta actuación violó el principio de legalidad. “El contrato fue firmado sin contar con la normatividad vigente que habilitara al secretario general para ese tipo de actos administrativos”, se afirmó en sala. El contrato, firmado en octubre de 2018, contemplaba una inversión inicial superior a los 27.000 millones de pesos.
No solo se cuestiona el origen del contrato, sino el desarrollo de la obra. Los investigadores detectaron que el municipio no había adquirido previamente los predios requeridos para ejecutar el proyecto, lo cual generó una serie de obstáculos técnicos y jurídicos que derivaron en la suspensión repetida de los trabajos. El tiempo de ejecución, originalmente estipulado en 14 meses, se extendió hasta 36 meses por cuenta de los retrasos.
En consecuencia, tanto Rojas como Márquez fueron imputados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La entidad judicial sostiene que ambos, cada uno en su rol, actuaron al margen de los procedimientos establecidos por la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal en Colombia.
Pero, el expediente judicial no se limita a las actuaciones ocurridas durante el mandato de Rojas Ayala. También compromete a su sucesor, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, que estuvo al frente de la administración municipal entre 2020 y 2023. De acuerdo con el ente acusador, el exmandatario local habría incurrido en el delito de prevaricato por acción al declarar una urgencia manifiesta con el propósito de adjudicar un segundo contrato que pretendía culminar la obra.
Según la Fiscalía, dicha declaratoria se expidió cuando el contrato principal ya registraba un avance del 97,44%, y se encontraba a solo un día de su vencimiento. La medida permitió adjudicar un nuevo contrato por 900 millones de pesos, sin recurrir a licitación pública, lo cual contraviene los principios de transparencia y pluralidad en la contratación pública.
“Se utilizaron mecanismos jurídicos extraordinarios en un contexto que no ameritaba esa figura. No existían hechos imprevisibles ni una fuerza mayor que justificara la urgencia manifiesta”, señalaron los fiscales. El proceso busca esclarecer si la decisión respondió a intereses administrativos legítimos o si, por el contrario, constituyó una maniobra para evadir los controles contractuales ordinarios.
Cabe destacar que la Contraloría ya había advertido, antes de la adjudicación de este segundo contrato, sobre los riesgos jurídicos de aplicar dicha figura. A pesar de las observaciones del órgano de control fiscal, la administración municipal procedió con la contratación directa, lo que motivó la apertura del proceso penal.
Durante la audiencia pública, ninguno de los tres implicados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Tanto Rojas como Márquez defendieron la legalidad del acto administrativo que delegó las facultades de contratación, mientras que Yáñez sostuvo que la urgencia manifiesta fue decretada en función de garantizar la continuidad del proyecto.
La investigación se encuentra ahora en la fase de evaluación probatoria, mientras se espera que el ente acusador presente el escrito de acusación formal en los próximos días. El proceso judicial deberá determinar si las decisiones administrativas que marcaron el desarrollo de la intersección ‘Cuatro Vientos’ fueron producto de errores técnicos o de acciones conscientes dirigidas a favorecer intereses particulares.
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