Comunidades indígenas protestan al frente del Ministerio del Interior por posibles incumplimientos del Gobierno: esto es lo que reclaman

En horas de la mañana del martes 1 de julio de 2025, cientos de indígenas que están asentados en Bogotá protestan al frente de las instalaciones del Ministerio del Interior, al parecer, por los constantes incumplimientos que han tenido por parte del Gobierno nacional y las evasivas al momento de volver a sostener encuentro.

Dicha información fue suministrada por la W Radio en sus cuentas de redes sociales. Por el momento, no se ha realizado un pronunciamiento oficial de los líderes de estas comunidades o del Estado.

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No obstante, desde una de las cuentas de la red sociales de tránsito de la ciudad, sobre las 10:35 a. m. se informó a los ciudadanos la restricción en movilidad al presentarse bloqueos en ese sector de la ciudad, y se recomendó a los bogotanos que regularmente transitan por la zona, o requieren acercarse hasta el lugar el día de hoy de tomar vías alternas: “Se realiza cierre preventivo en la carrera 8 con calle 17, en sentido Norte-Sur, debido a manifestación. Ruta alterna: calle 19″.

Casi dos horas después, la misma cuenta informó sobre el reestablecimiento de la movilidad en el lugar: “Se habilita el paso vehicular en la carrera 8 con calle 17. Agentes civiles regulan el tráfico en la zona”.

En el lugar alcanzaron a hacer presencia miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá para realizar el debido acompañamiento a los manifestantes para garantizar el orden público en el lugar, además, de poder sostener el diálogo con voceros encargados.

También se acercaron la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para prevenir algún tipo de enfrentamiento. El ministro del Interior, al momento de la publicación del artículo no realizó un pronunciamiento oficial.

El lunes 12 de mayo comenzó en Bogotá una serie de manifestaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, centradas en la exigencia de garantías de seguridad en sus territorios y el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos con el Gobierno.

De acuerdo con la información consignada por El Tiempo, los manifestantes reclaman que las autoridades nacionales se comprometan a implementar medidas efectivas para proteger a las comunidades rurales de los conflictos armados y las amenazas que enfrentan. Una de las delegaciones señaló que su objetivo principal es “garantizar la protección de sus derechos y la implementación de políticas que promuevan el desarrollo rural en condiciones de paz y seguridad”.

Mientras las protestas avanzan, el gobierno nacional aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas, pero se espera que en breve se realicen reuniones entre representantes gubernamentales y líderes campesinos para buscar una solución.

Pese a todo lo mencionado anteriormente, el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, advirtió que a pesar de su intención por intervenir a los menores de edad de la comunidad Emberá, los mismos líderes impiden el suministro de la atención interdisciplinaria.

“Este martes 1 de julio, líderes de la comunidad impidieron nuevamente que niñas, niños y adolescentes abordaran las rutas dispuestas por el Distrito. Argumentaron que no autorizaron el traslado mientras la Unidad para las Víctimas, entidad del Gobierno Nacional, no cumpla con la entrega de mercados ofrecidos. Como resultado, solo 13 niñas, niños y adolescentes pudieron acceder a los servicios: 7 niños y niñas de primera infancia al Centro Abrazar y 6 de infancia al Centro Amar, que asistieron por autorización de sus familias”, se lee en el comunicado de la Secretaría de Integración Social.

Además, especificaron que independiente de las comunidades o creencias a las que pertenezcan, como lo establece la ley colombiana, los derechos de los menores prevalecen: “El artículo 44 de la Constitución Política y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) establecen de manera explícita que el interés superior del niño y la niña debe prevalecer en todas las actuaciones, y ninguna situación puede justificar la utilización de sus derechos como mecanismo de presión o negociación”.