La revelación de unos audios filtrados por El País de España sacudió los cimientos del Ejecutivo en Colombia. Los registros, que apuntan a un supuesto complot en el que estaría involucrado el excanciller Álvaro Leyva, provocaron una oleada de reacciones en todos los sectores del país, como la del mismo jefe de Estado.
La acusación, de ser ciertas las versiones filtradas, implica a Leyva en un presunto plan para derrocar al presidente Gustavo Petro, para lo cual habría solicitado la colaboración de asesores cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia, publicada en la edición del 29 de junio, arrojó una sombra de incertidumbre política sobre el futuro cercano de la administración Petro, ya que algunas voces insisten en calificar estos eventos como un intento de golpe de Estado.
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La controversia alcanzó rápidamente las altas esferas del Gobierno, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue uno de los primeros en alzar la voz en condena. En un comunicado breve, pero tajante, el titular de la cartera expresó: “El golpe de Estado que está fraguando Álvaro Leyva es una afrenta a la democracia. ¿Quién es el gran titiritero detrás de la marioneta?”, apuntando con dureza al excanciller que, aunque dimitió a su cargo en 2024 por sanciones de la Procuraduría, continúa siendo una figura influyente en la política del país.
El presidente Gustavo Petro no tardó en responder a las publicaciones, sobre todo a la del diario El Espectador, que informó sobre el presunto plan, por lo que, a través de su cuenta de X, el primer mandatario dejó claro su punto de vista: “Yo no he ordenado ni el pueblo, gestionar, la salida de la presidencia. Eso lo haré, personalmente, el 7 de agosto del 2026”.
La declaración, con un tono decidido y lleno de significado político, dejó claro que el jefe de Estado no contempla su salida del poder, a menos que sea por decisión propia, por clamor popular o cuando llegue el momento establecido por la Constitución para entregar el mando.
Hizo énfasis en que su legitimidad proviene del respaldo en las urnas y que ningún otro mecanismo puede reemplazar esa voluntad ciudadana.
Álvaro Leyva menciona a actores ilegales y gremios en los audios: el oficialismo se pronunció
En los audios, que supuestamente corresponden a conversaciones privadas de Leyva, el exfuncionario se referiría a un “gran acuerdo nacional” para forzar la salida del presidente Petro antes de las elecciones presidenciales de 2026. Se menciona, entre otras cosas, la participación de actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras del crimen organizado como el Clan del Golfo, así como gremios empresariales y figuras del espectro político nacional.
Lo que encendió as alertas no es únicamente el contenido del material, sino las implicaciones diplomáticas. El informe del diario español sugiere que Leyva habría buscado el respaldo de asesores del expresidente Donald Trump, e incluso habría intentado contactar al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con la intención de ejercer una “presión internacional” que terminara desembocando en la salida del mandatario colombiano.
A la publicación siguieron reacciones en cascada, como la de Laura Sarabia, actual ministra de Relaciones Exteriores y figura clave del círculo más cercano a Petro, calificó el contenido de las grabaciones como un “atentado contra la democracia misma”, en tanto que la vicepresidenta Francia Márquez desmintió cualquier vínculo con los hechos y negó haber sostenido conversaciones de esa índole con Leyva, por medio de un comunicado: “No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones”.
Quien también se vio envuelta en el escándalo fue la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, mencionada por Leyva en las grabaciones como una posible “interlocutora válida” para su supuesto plan.
Dávila fue categórica en su rechazo: “No tengo nada que ver con estas ideas del excanciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro”, escribió, añadiendo que su nombre no puede ser utilizado para legitimar fantasías políticas.
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