
El Congreso dio luz verde a una de las transformaciones más esperadas y debatidas en materia de seguridad social. A partir del 1 de julio, entrará en vigor el nuevo modelo pensional que redefine cómo se protegerá económicamente a las personas mayores en Colombia. La aprobación definitiva se dio en la Plenaria de la Cámara de Representantes, luego de corregir los errores de procedimiento señalados por la Corte Constitucional en el Auto 841. Aun así, el alto tribunal deberá confirmar si las correcciones cumplen con los requisitos formales.
Con esta reforma, el país estrenará un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, orientado principalmente a mejorar la cobertura y garantizar una renta mínima a quienes han quedado por fuera del sistema tradicional de pensiones.
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La base del nuevo esquema son los cuatro pilares que lo componen, solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Cada uno está diseñado para responder a las diferentes trayectorias laborales y niveles de cotización de la población.
El pilar solidario está enfocado en quienes nunca pudieron cotizar lo suficiente para acceder a una pensión. Este componente beneficiará a hombres mayores de 65 años y mujeres desde los 60, en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, según la clasificación del Sisbén (hasta nivel C3). También incluye personas con discapacidad. A quienes cumplan con estos requisitos se les entregará una renta mensual de $223.800, correspondiente al umbral de pobreza extrema proyectado para 2024.
En el pilar semicontributivo entran quienes cotizaron entre 300 y 999 semanas. Para ellos, la reforma contempla una renta vitalicia basada en lo ahorrado, con un rendimiento del 3% efectivo anual y un subsidio adicional, “20% para los hombres y 30% para las mujeres del saldo restante” dice el documento. En caso de haber cotizado menos de 300 semanas, la persona podrá solicitar la devolución de sus aportes.
El pilar contributivo seguirá concentrando los aportes de quienes están activos en el sistema. Las cotizaciones hasta 2,3 salarios mínimos serán administradas por Colpensiones, mientras que los excedentes se dirigirán a los fondos privados (AFP). La suma de ambas prestaciones compondrá una única pensión de vejez. El documento aclara que esta pensión deberá ser reconocida “en un tiempo no superior a cuatro meses después de radicada la solicitud”. Por último, el pilar de ahorro voluntario permitirá a cualquier persona incrementar su pensión mediante aportes adicionales, una opción pensada especialmente para quienes tienen capacidad de ahorro o ingresos fluctuantes.

Lo que no cambia: edad y semanas
Aunque el modelo cambia, se mantienen los parámetros clave del sistema actual. La edad para acceder a una pensión de vejez sigue siendo de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. También se conserva el requisito de 1.300 semanas cotizadas.
Sin embargo, quienes al 1 de julio de 2025 tengan al menos 900 semanas (hombres) o 750 semanas (mujeres) podrán acogerse al régimen anterior (Ley 100 de 1993), si así lo deciden. Para facilitar esta transición, se establece un periodo de dos años en el que los trabajadores próximos a pensionarse podrán recibir doble asesoría y elegir el régimen que más les convenga.
Ajustes con enfoque de género y ruralidad
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es el reconocimiento de las cargas que enfrentan las mujeres en su vida laboral y familiar. “Una reducción en el número de semanas mínimas requeridas para el reconocimiento de la pensión de 50 semanas por cada hijo, sin que supere de 3 hijos”, especifica el texto aprobado.
Además, se implementará la pensión familiar, que permite a una pareja sumar semanas cotizadas para acceder a una pensión conjunta. También se contemplan beneficios especiales para padres o madres de hijos con discapacidad permanente, así como la posibilidad de pensión anticipada para quienes superen las 1.000 semanas.

En el caso de los trabajadores rurales e independientes, la reforma abre la puerta a la cotización flexible, podrán hacerlo por días o semanas, e incluso anticipadamente hasta por un año, lo que representa un avance significativo para quienes tienen ingresos inestables o trabajos por temporada.
Derechos adquiridos, intactos
El documento insiste en que “se respetarán los derechos adquiridos”, lo cual implica que quienes ya están pensionados no verán alteradas sus condiciones actuales. El objetivo de la reforma, según el Gobierno, es ampliar la cobertura y mejorar la equidad, sin perjudicar a quienes ya forman parte del sistema.
Ahora, el turno es de la Corte Constitucional, que deberá revisar si el procedimiento legislativo se ajustó finalmente a las exigencias legales. Mientras tanto, el país se alista para implementar, a partir del 1 de julio, una reforma pensional que promete transformar la forma en que se protege a la población mayor.
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