El mercado laboral colombiano enfrenta un aumento significativo en el costo de la hora de trabajo debido a la reducción gradual de la semana laboral, una medida que se implementa desde 2023 y que tendrá un nuevo ajuste el 15 de julio de 2025.
La transformación que viven las empresas en el país es impulsada por la ley 2101 de 2021, busca reducir la jornada semanal de 48 a 42 horas, con el objetivo de mejorar el equilibrio entre la vida profesional y personal de los trabajadores. Sin embargo, la medida ha generado un impacto directo en los costos de operación para las empresas, especialmente con las reformas laborales y pensionales que incrementarán aún más los gastos asociados a la contratación formal.
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Esta ley estableció la reducción progresiva de la jornada laboral en Colombia. El primer ajuste se realizó en 2023, cuando la jornada semanal pasó de 48 a 47 horas y para el 2024, la reducción continuó hasta 46 horas. La próxima reducción de la jornada será el 15 de julio de 2025 a 44 horas para finalizar el proceso en 2026, cuando la jornada semanal llegará a 42 horas.
Esta disminución, aunque diseñada para favorecer la calidad de vida de los trabajadores y, en teoría, aumentar la productividad, ha tenido consecuencias económicas notables para los empleadores. De acuerdo con la abogada Saida Quintero para Semana, el costo de la hora de trabajo ha experimentado un incremento considerable en los últimos años.
“Mientras que para 2021 cada hora de trabajo de una persona que devengaba el salario mínimo costaba 3.786 pesos, para 2025 la misma hora cuesta 6.355, aumento sustancial en el que, si bien ha incidido el crecimiento anualizado del salario mínimo, también lo ha hecho en gran medida la reducción de la jornada. A menos horas de trabajo, con un salario igual o mayor, mayor costo por hora”, explicó Quintero en declaraciones recogidas por el medio de comunicación.
Este aumento no solo afecta el pago directo al trabajador, sino que repercute en otros componentes de la nómina, como los recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo, que se calculan como un porcentaje del valor de cada hora laborada. Estos conceptos, que incluyen primas, cesantías y aportes a salud y pensión, se calculan en función del salario del trabajador, el cual se ve afectado por el incremento en el valor de la hora de trabajo. “Es decir, el impacto va mucho más allá de una mera reducción de las horas de trabajo de cada empleado”, agregó Quintero.
La inminente entrada en vigor de la reforma laboral, recientemente aprobada en el Congreso, añade una capa adicional de complejidad al panorama. Esta reforma incrementará los costos de los recargos nocturnos y en días festivos, lo que, sumado a la reducción de la jornada, representa un desafío considerable para los empleadores.
La forma en que las empresas han respondido a la reducción de la jornada laboral varía según el sector económico al que pertenecen. En el caso de las empresas industriales, que requieren mantener sus plantas operativas de manera continua, algunas han optado por mantener el mismo número de horas trabajadas por su personal, pagando las horas que exceden la jornada reducida como extras.
“En este caso la Ley no se ha cumplido, pues la productividad no ha aumentado, ni los trabajadores disfrutan más horas con su familia, lo único que han crecido son los costos laborales para las compañías”, señaló Quintero. Esta estrategia, aunque permite mantener la producción, incrementa los gastos en horas extras y puede generar riesgos legales para las empresas que no se ajusten plenamente a la normativa.
En otros sectores, la reducción de la jornada ha obligado a las empresas a contratar más trabajadores para cubrir la misma carga laboral, lo que implica un aumento en la nómina y, en consecuencia, en los costos operativos. Esta situación afecta la estabilidad económica de las empresas, especialmente aquellas con menor capacidad financiera para expandir su plantilla.
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