
A un mes y siete días para que cumpla tres años en el Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a ser blanco de lo que podría considerarse una especie de golpe, propiciado de un personaje que, en su momento, fue cercano a la actual administración; y de hecho, integró su gabinete, pero ante las circunstancias que derivaron con su salida del Gobierno, terminó por, si se quiere, traicionarlo: el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva.
Las revelaciones de El País de España, sobre la manera en que habría intentado fraguar un golpe al mandatario, con reuniones de las que estaría enterada la vicepresidenta Francia Márquez, y en las que, al parecer, buscó el apoyo del congresista norteamericano Mario Díaz-Balart, y acercamientos con los precandidatos presidenciales Miguel Uribe Turbay y Vicky Dávila, se convirtieron en un nuevo episodio de lo que se conoce en el argot político como “fuego amigo”.
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“Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones… el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (…) Yo he hablado con los gremios más importantes (…). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”, se escuchó en las polémicas afirmaciones con las que Leyva buscaría justificar su cruzada.

Y todo porque hay otra serie de sucesos que también han empañado su imagen y el propósito de su gestión, en medio de un creciente ambiente polarizador, con la intención de sacar adelante un proceso constituyente, tras los intentos de adelantar una consulta popular que, finalmente, terminó retirando: en un condicionamiento al Congreso para que se terminara aprobando su reforma laboral, que estuvo hundida durante dos meses, pero revivió con el tiempo justo.
Las intenciones de Leyva, que venía creando un escenario adverso para Petro con consecutivas cartas, en la que lo denunció de ser un adicto a las drogas, además de incumplir una serie de actos oficiales en los cuales viajó con recursos estatales, terminaron de concretarse tras conocerse cómo su propósito era la de crear un frente nacional contra Petro. Un golpe fomentado al interior del Ejecutivo, pues hasta mayo de 2024 el veterano político hizo parte del Gobierno.
“El caso Leyva me hace pensar que la conducta de lo que llamo oligarquía, a la que indudablemente pertenece Leyva, es la doble moral, piensa el Estado como hereditario, con derecho a negocios con el erario; es incapaz de establecer relaciones basadas en el respeto a la otra persona y a los argumentos, es una ingenuidad pensar que lo haría; desde hace dos siglos, la traición, el asesinato, la mentira, son sus normas. El acuerdo nacional se vuelve fantasmagoría y discurso. Traicionan, aunque siempre hay que insistir en el acuerdo y la paz", expresó Petro, en respuesta al escándalo.

Los otros escándalos que le estallaron en la cara a Gustavo Petro
El primero de lo que podrían conocerse duros reveses al Gobierno se configuró con los dineros que recibió Nicolás Petro Burgos por parte de cuestionados personajes, como Santander Lopesierra y Alfonso El Turco Hilsaca, además del contratista Óscar Camacho, que tenían como fin financiar la campaña presidencial de 2022. Pero parte de ellos terminaron en los bolsillos del exasambleísta, como él mismo lo confesó a la Fiscalía el 2 de agosto de 2023.
En el interrogatorio, reconoció que una fracción de esos recursos sí habrían ingresado a la aspiración. “Mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris (Vásquez, su expareja) y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, dijo en una entrevista posterior a Semana.
Por ese caso, Petro Burgos afronta un juicio en el que ha sido imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; mientras que Vásquez, su excompañera sentimental llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía y, por ahora, está al margen, pese a ser denunciada de cometer los punibles de lavado de activos y la violación de datos personales, por las interceptaciones que ordenó contra la hoy esposa del joven político, Laura Ojeda.

Y el segundo gran escándalo que se propició en el Gobierno es el ocurrido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tras las actuaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la entidad; y lo que habría sido la participación de altos exfuncionarios del Gobierno, como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; Sandra Ortiz, exalta consejera para las Regiones, y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Cálculos hablan que los recursos que habrían sido direccionados en el entramado corrupto podrían superar los $380.000 millones, en un caso que salió a la luz pública por las denuncias de W Radio frente al sobrecosto en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, reportado por $46.800 millones. Y que a finales de febrero de 2024 llevó a la renuncia a López, que empezó a contar todo lo que sabe ante los organismos de justicia.
Es más: en su caso, López remarcó que fue gracias a él que existen más de 20 personas involucradas en las decisiones, entre ellos nueve congresistas de la República, como los expresidentes del Senado Iván Name Vásquez y de la Cámara Andrés Calle Aguas, y altos exfuncionarios, en lo que parece convertirse en una “caja de Pandora” que terminará involucrando a otros personajes de la vida política nacional.
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