El impacto de la extorsión y la inseguridad afecta la recuperación de cartera microfinanciera en Colombia

El sector de las microfinanzas en Colombia avanza en medio de un panorama complejo, marcado por la informalidad, las dificultades para el acceso al crédito formal, las altas tasas de interés y, en muchas regiones, la presión de grupos armados ilegales sobre los pequeños negocios. Pese a este entorno desafiante, departamentos como Antioquia muestran indicadores de resiliencia y protagonismo en la consolidación del microcrédito como herramienta para el desarrollo económico de base.

De acuerdo con cifras compartidas por la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), Antioquia concentra el 11,4% del total de la cartera de microcrédito en el país, con más de 260.000 clientes activos y un saldo que supera los $2,5 billones. Medellín, por su parte, representa casi una cuarta parte de la cartera departamental.

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A nivel nacional, el sector cuenta actualmente con cerca de 3 millones de clientes vinculados a entidades microfinancieras, y aproximadamente el 80% de estos usuarios proviene del sector informal. Según explicó la presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, en entrevista con El Colombiano, el enfoque de estas entidades no es regalar dinero, sino fortalecer a los micronegocios mediante créditos, ahorro, seguros y acompañamiento educativo y empresarial, con miras a una transición gradual hacia la formalización.

Este trabajo incluye alianzas estratégicas con organizaciones como Proantioquia y se apoya en la labor de bancos especializados como Bancamía —presente en Antioquia—, cuya cartera está compuesta en más del 80% por microempresarios. También se destaca la labor de instituciones como Interactuar, que articulan crédito y formación empresarial en contextos locales complejos.

Una de las principales preocupaciones que enfrenta actualmente el gremio microfinanciero es el impacto de la violencia y la extorsión en regiones donde el orden público se ha deteriorado gravemente. Departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander (especialmente la zona del Catatumbo) y Guaviare presentan condiciones especialmente difíciles para el ejercicio de actividades económicas de pequeña escala.

De acuerdo con Asomicrofinanzas, en zonas afectadas por grupos armados ilegales, muchos microempresarios se ven obligados a escoger entre pagar las denominadas “vacunas” o cumplir con sus obligaciones crediticias. En esos escenarios, las ganancias del negocio terminan destinándose a la extorsión, lo que genera un deterioro significativo de la cartera en esas regiones.

La situación es particularmente crítica en áreas rurales de Cauca y en sectores de Cúcuta y Ocaña. Aunque capitales como Popayán mantienen un comportamiento financiero relativamente estable, los municipios aledaños sufren una presión constante que dificulta la sostenibilidad de los negocios y la recuperación de cartera por parte de las entidades financieras.

En contraste, Antioquia muestra mejores indicadores. Al cierre de marzo de 2025, la cartera vencida en el departamento se ubicó en el 8%, por debajo del promedio nacional, y Medellín logró reducir este indicador al 6,4%.

Frente al deterioro de la cartera en zonas críticas, las entidades microfinancieras han optado por estrategias como la reestructuración de créditos, procurando evitar prácticas como la condonación masiva de deudas, que –según el gremio– podrían incentivar el impago y empujar a los empresarios informales hacia el financiamiento ilegal, como el ‘gota a gota’.

El enfoque, por el contrario, está centrado en ofrecer créditos ajustados a las necesidades reales de cada micronegocio, junto con procesos de educación financiera, seguimiento y asesoría. Esta metodología busca mejorar la sostenibilidad de los negocios, incluso en municipios complejos como Ituango o Valdivia, donde las condiciones de seguridad también son desafiantes.

Hasta abril de 2025, el sistema microfinanciero ha desembolsado cerca de $5,2 billones en créditos. El 35% de estos recursos ha sido destinado a municipios rurales, donde su uso responde a dinámicas productivas específicas: desde zonas cacaoteras y bananeras en Urabá, hasta emprendimientos en textiles, alimentos y manufactura artesanal, como la producción y exportación de arepas hacia ciudades como Bogotá e incluso países europeos como Dinamarca.