Petro intensifica movilizaciones y ha destinado más de $226.000 millones en logística y pauta para promover su agenda en 2025

La intensificación de la presencia del presidente Gustavo Petro en las plazas públicas de Colombia durante el año 2025 sería la más reciente estrategia del Ejecutivo busca legitimar y respaldar su agenda de reformas.

Este fenómeno ocurre mientras la discusión sobre una eventual asamblea nacional constituyente y la continuidad del proyecto progresista domina el debate político nacional.

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A la par que el Congreso delibera sobre cambios en los sistemas de salud y pensiones, el Gobierno, mediante una maquinaria logística robusta y numerosos contratos públicos, estaría movilizando a miles de ciudadanos en eventos recurrentes a lo largo del país y fortalece una narrativa de calle que trasciende los espacios formales del poder.

Según un reciente informe de El Espectador, esta estrategia se despliega con una frecuencia inédita para la administración, que ha contabilizado 38 actos públicos encabezados por el presidente únicamente entre el 1 de enero y el 27 de junio de este año.

De acuerdo con lo publicado por el diario nacional, la política de movilización en las calles se inscribe dentro de una táctica integral que busca ejercer presión sobre los legisladores para sacar adelante iniciativas clave, en especial tras los obstáculos que han enfrentado reformas como la pensional y la de salud, y ante la reciente decisión de la Corte Constitucional de exigir correcciones en los trámites legislativos.

Petro ha reiterado en estos eventos que continuar con las concentraciones masivas es imprescindible tanto para presionar la aprobación de sus proyectos en el Congreso como para cimentar el camino hacia una transformación política estructural.

El despliegue de estos actos cuenta con una financiación considerable. Según el rastreo de El Espectador en bases contractuales públicas y mediante solicitudes de información, la Presidencia y diversas entidades del Gobierno

nacional han adjudicado contratos por $226.194 millones para la ejecución de eventos durante 2025, además de $11.363 millones destinados a tiquetes aéreos para el traslado de funcionarios.

A esto se agregan $67.775 millones comprometidos en contratos con centrales de medios para la gestión y difusión de la pauta oficial, reflejando la prioridad otorgada a que el mensaje presidencial tenga el alcance y la legitimidad buscados.

En el último mes, el mandatario protagonizó tres eventos públicos cuyo centro fue la convocatoria a la movilización en respaldo del procedimiento de consulta popular; manifestaciones que mantienen su vigencia a pesar de la derogación del decreto que autorizaba dicha consulta y de la negativa ya mostrada por el Senado.

Estos encuentros se desarrollaron en espacios emblemáticos de Barranquilla, Cali y Medellín, todos en centros administrativos liderados por autoridades locales ajenas al Gobierno nacional, lo que según fuentes consultadas, buscó enviar mensajes políticos contundentes y ocupar escenarios estratégicos para la visibilidad y el respaldo popular.

El contexto de estas movilizaciones ha estado atravesado por episodios de violencia política, como quedó constatado tras el ataque sufrido el 7 de junio por el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, durante un acto de campaña en Bogotá. Si bien el mandatario condenó el atentado y solicitó una investigación rigurosa, sus esfuerzos se mantuvieron enfocados en promover la participación masiva y el respaldo ciudadano para sus reformas estructurales.

El análisis de El Espectador precisa que organismos estatales como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Cancillería, ministerios y entes como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Prosperidad Social y la Unidad de Víctimas (Uariv), entre otros, son responsables de la mayor parte de los contratos para logística y desarrollo de estos actos.

Un primer balance entre agosto de 2022 y diciembre de 2024 da cuenta de más de 360 eventos públicos liderados por Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, respaldados con recursos por $35.766 millones asignados solo desde la Presidencia.

Entre los contratos más destacados figura el celebrado entre el Dapre y la empresa paisa Feeling Company, firmado en septiembre de 2024 por un monto de $10.789 millones y prorrogado en dos ocasiones, alcanzando el límite en junio de 2025. Dentro de ese contrato, $171 millones se destinaron específicamente al evento de Cali del 11 de junio, gestionado por la Consejería para las Regiones bajo la dirección de Luz María Múnera.

En lo que respecta a la gestión logística más amplia, uno de los acuerdos de mayor valor–por $88.964 millones– fue suscrito entre el Ministerio del Interior y la empresa estatal de mensajería 4-72 con objeto de proveer servicios logísticos y de organización de eventos.

Dicha empresa celebró, además, contratos adicionales por $55.254 millones con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y por $18.515 millones con el Ministerio de Minas y Energía, lo que le garantiza ingresos por $162.733 millones durante el año.

Según ha expresado Juan García, presidente de la compañía, en medios nacionales, la empresa se encuentra en proceso de legalizar la totalidad de los acuerdos cuya naturaleza pública requiere de vigilancia por parte de entes de control.

Los eventos, documenta El Espectador, requieren una operación que incluye transporte y alimentos para los asistentes. Tanto entidades estatales como congresistas afines, como el representante Agmeth Escaf en Barranquilla, han costeado refrigerios y logística. La senadora Isabel Zuleta justificó públicamente la provisión de alimentos y el traslado en autobuses, señalando que corresponden a condiciones mínimas para actos de Estado y no constituyen una práctica irregular.

La convocatoria y participación se articula desde niveles centrales a territoriales por medio de liderazgos políticos regionales y organizaciones sociales y sindicales—como la CUT, CGT y Fecode—, así como grupos que jugaron roles clave en la movilización social de 2021 bajo la hoy denominada Coordinadora Nacional para el Cambio.

Las organizaciones indígenas mantienen gran participación en este engranaje. Entre 2024 y 2025, entidades del Ejecutivo han firmado contratos superiores a $180.000 millones con colectivos como el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (Opiac), cuya participación en la estructura de movilización refuerza la base social del gobierno.

Junto a la coordinación logística y humana, la estrategia mediática también ocupa un lugar fundamental. El volumen de contratación para centralización y distribución de pauta asciende a $67.775 millones, manejados principalmente por Rtvc, de Hollman Morris, que lleva contratados $17.738 millones en el presente año, y que además integra a influenciadores como parte de su engranaje de comunicación en plazas públicas.