Los millonarios contratos para ‘vestir’ a las Fuerzas Militares: denuncian presunta falta de competencia

Una licitación para la adquisición de equipos para la Policía Nacional dejó a la luz un lucrativo negocio del que se estarían beneficiando unas pocas empresas que se habrían apoderado de la dotación de los uniformados de las Fuerzas Militares.

Tan solo el año pasado, la Dirección Logística y Financiera de la Policía destinó 5.106 millones de pesos para comprar 1.086 armaduras, cada una con un valor promedio de 4,5 millones de pesos, mientras que otros componentes como cascos, protectores faciales y escudos sumaron una cifra total de 6.415 millones de pesos.

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Según una reciente investigación adelantada por la revista Cambio, un grupo reducido de proveedores se ha consolidado al frente de este sector gracias a la obtención de un documento clave: el Registro de Productor Nacional expedido por el Ministerio de Comercio.

Este ‘papel’ certifica que una empresa produce localmente los artículos ofertados y se ha convertido en un requisito indispensable para participar en las licitaciones, restringiendo la competencia y ‘favoreciendo’ potenciales monopolios. El mecanismo, pensado en principio para proteger la industria nacional, ha motivado denuncias de presunta manipulación y privilegios en la adjudicación del certificado, según detalló el medio.

Entre los elementos adquiridos por la fuerza pública se encuentran escudos antimotines, cascos balísticos, sables, cinturones, medallas y hasta joyería. Se estima que cada uniforme completo puede valer entre 5 y 20 millones de pesos, dependiendo de las prendas y accesorios oficiales sumados.

Por ejemplo, informó Cambio, un sable de uso exclusivo para generales de la Policía cuesta 9,8 millones de pesos, mientras que un anillo de oro de 14 quilates entregado a cadetes de la Armada Nacional al graduarse tiene un precio de 3.9 millones de pesos. Solamente en 2023 y 2024, la Base Naval Número 6 en Bogotá gastó más de 2.300 millones de pesos en estos anillos de grado.

En los últimos cinco años, las Fuerzas Armadas de Colombia registran compras de medallas por más de 30.000 millones de pesos, y los registros de adquisiciones evidencian que el negocio está dominado por unas pocas empresas y familias.

Cambio reportó que, por ejemplo, Mozt de Colombia S.A.S, empresa bogotana fundada en 2009 y con solo dos accionistas, ha cerrado más de 70 contratos con diversas entidades de la fuerza pública por un valor total superior a 42.000 millones de pesos en los últimos ocho años. Entre los socios de la compañía figuran Lisbet Sabina Mogollón y Zadyd Gómez Espinel, este último con vínculos en la Escuela de Cadetes Almirante Padilla y en iniciativas políticas locales.

Otra de las firmas destacadas es Imdicol, propiedad de Víctor Hugo Fajardo Castillo, habitual proveedora de gases lacrimógenos y lanzadores ‘venom’ para la Policía Nacional.

Según el informe del medio nacional, desde 2017 ha firmado 77 contratos con la fuerza pública, representando más de 43.000 millones de pesos. Fajardo también mantiene nexos societarios con otras empresas como Inversiones Ufasa, Inversiones Hufa S.A.S., Comercializadora Vicsa S.A.S., Aviacol y Abass S.A., todas ellas involucradas de algún modo en el suministro de equipos y materiales para las fuerzas armadas.

El historial contractual de estas empresas ha estado acompañado de investigaciones y señalamientos. En 2020, la Fiscalía capturó a Harold Giovanny Bocanegra, representante legal de Aviacol y subgerente de Imdicol, por una trama de corrupción ligada a la compra de visores nocturnos para la Fuerza Aérea.

Los artefactos no cumplieron los estándares requeridos, comprometiendo la seguridad de los uniformados, y se detectó la intervención irregular de militares activos y en retiro en la asignación de los contratos. Además, la embajada de los Estados Unidos notificó sobre una indagación en torno a Aviacol USA Corp por corrupción transnacional, añadió Cambio.

El medio también documentó irregularidades en procesos de contratación donde empresas del mismo grupo compitieron entre sí, actuando como supuestos rivales para favorecerse de la adjudicación.

Por ejemplo, la Contraloría advirtió en 2020 que Aviacol e Indicol participaron como ‘competidoras’ en un proceso para la Armada Nacional, a pesar de compartir vínculos empresariales. Esta situación se replicó durante una compra de municiones en 2021, donde Imdicol y Aviacol se distribuyeron los lotes adjudicados. Las autoridades justificaron la entrega fragmentada de los contratos por la modalidad de adjudicación por lotes, una práctica que permite otorgar contratos a empresas relacionadas.

Entre las compañías más prósperas también figura Milfort S.A.S, bajo la dirección de los hermanos Felipe y Daniel Botero Cardona, con 57 contratos por más de 70.000 millones de pesos en los últimos años.

Milfort ha suministrado telas para uniformes, fundas para pistolas y materiales como plástico y madera a distintas ramas de la fuerza pública. Algunos de sus contratos han suscitado cuestionamientos por presuntos sobrecostos, motivando una indagación de la Procuraduría en 2023. No obstante, hasta la fecha no existen registros de sanciones.

Encabezando la lista de proveedores se encuentra Miguel Caballero S.A.S, firma reconocida internacionalmente por su especialización en ropa blindada. Entre 2017 y 2025, la empresa firmó más de 100 contratos públicos por un valor superior a los 210.000 millones de pesos, lo que equivale a más de 50 millones de dólares al cambio vigente, consolidándose como el principal contratista del Estado colombiano en materia de uniformación y equipo de protección para la fuerza pública.

El origen del monopolio en este mercado se relaciona directamente con la obtención del mencionado Registro de Productor Nacional. Cuando alguna empresa solicita, dentro del plazo estipulado en los pliegos, que el proceso de licitación se limite a fabricantes nacionales, debe presentar el certificado correspondiente.

Si se concede, únicamente las empresas con ese registro pueden participar, lo que cierra la puerta a competidores foráneos y a locales que no logran obtenerlo. Según publicó Cambio, esto ha derivado en un mercado restringido, donde pocas empresas consiguen la totalidad o mayoría de los contratos.

En marzo de 2025, una denuncia presentada ante el despacho de la entonces ministra encargada de Comercio, Cielo Rusinque, alertó sobre irregularidades y exclusión de empresas por la exigencia del certificado.

El caso describía cómo, en una licitación de 2023 por más de 4.000 millones de pesos para equipamiento antimotines, la empresa Impoamericana Ltda. perdió la posibilidad de competir al perder, dos días antes del cierre, los registros para varios artículos. Ello benefició directamente a Milfort y Nicholls, quienes poseían el registro y acabaron aliándose para quedarse con el grueso del contrato, mientras otro lote fue adjudicado a Imdicol.

En la actualidad, Milfort y Nicholls son las únicas empresas a nivel nacional con el certificado activo para armaduras, cascos y protectores faciales antimotines.

Fuentes del sector expresaron a Cambio su escepticismo sobre la dificultad de obtener este registro, pese a haber realizado cuantiosas inversiones en plantas de fabricación.

“Llevamos casi tres años intentando sacar ese registro y siempre nos rechazan. Se pegan de cualquier cosa a pesar de que hemos hecho inversiones millonarias para tener nuestras plantas de producción a punto”, señaló uno de los empresarios consultados por el medio.

Las denuncias también sugieren que funcionarios del Ministerio de Comercio adjudicarían discrecionalmente el registro, favoreciendo a determinados proveedores.

“Hay funcionarios que llevan 10 años en la oficina encargada de expedir el registro y deciden a quién sí y a quién no entregarlo, otorgando privilegios con efectos millonarios”, declararon otros proveedores consultados por el medio.

El Ministerio de Comercio respondió asegurando que no existen irregularidades ni favoritismos. De acuerdo con esa entidad, no hay investigaciones internas sobre el tema y se negó haber entregado beneficios indebidos.

Como ejemplo, el Ministerio señaló que Mozt de Colombia S.A.S ha obtenido 590 certificados de productor nacional entre 2012 y 2025, pero le han sido negadas 761 solicitudes, lo que demostraría, en su opinión, que no existe un trato privilegiado hacia esa empresa.

No obstante, denunciantes insisten en que resulta poco creíble que una sola compañía posea simultáneamente 70 certificados activos, permitiéndole fabricar 70 productos distintos en territorio colombiano.