Estas son las trabas que pondría el CNE a solicitud del Pacto Histórico para convertirse en partido político de cara a 2026

El Pacto Histórico, la coalición de partidos políticos que impulsó la candidatura presidencial de Gustavo Petro en 2021, inició un proceso formal para transformarse en un solo partido político en Colombia antes de finalizar 2025.

El 13 de junio de 2025, representantes de Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista presentaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su disposición para unir sus personerías jurídicas. El objetivo declarado es consolidar una gran fuerza política que les permita competir con mayor cohesión en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026. Esta decisión busca dejar atrás la figura de coalición que los ha caracterizado desde 2021 y avanzar hacia una estructura partidista única, capaz de enfrentar los retos electorales venideros con mayor solidez.

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La urgencia de este proceso responde a una coyuntura política y legal. Según las reglas vigentes, los partidos que respaldaron a Gustavo Petro en 2021 y que hoy son considerados movimientos mayoritarios, no podrían formar nuevas coaliciones en 2026 si no completan la fusión antes de que termine 2025. Esta restricción generó un ambiente de presión interna, ya que la ventana de tiempo para concretar la transformación es limitada y cualquier retraso podría dejar a la izquierda sin la posibilidad de presentar una plataforma unificada en los próximos comicios.

No obstante, el camino hacia la fusión enfrenta obstáculos significativos, tanto políticos como jurídicos. Dentro del CNE, las posiciones sobre la viabilidad de la unión están divididas. Por un lado, existe el argumento político de la necesidad de actuar con rapidez para no perder la oportunidad de competir como un solo bloque. Por otro, surgen dudas legales de fondo, ya que la Ley 1575 de 2011, en su artículo 14, establece que “no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio”. Esta disposición legal se convierte en un escollo central para los partidos que integran el Pacto Histórico.

Una investigación de Semana confirmó que los cuatro partidos involucrados en la fusión enfrentan procesos administrativos en curso. Colombia Humana acumula 25 investigaciones, de las cuales 11 ya cuentan con acto administrativo y 14 permanecen en etapa de averiguación. Entre los casos más relevantes figura la omisión de informes de ingresos y gastos de campaña al Congreso en las elecciones de 2022, así como una solicitud de sanción por no realizar la elección del Consejo Nacional de Control Ético. Mientras que el Partido Comunista enfrenta tres investigaciones pendientes de resolución.

El Polo Democrático tampoco escapa a la lupa del CNE, con 20 investigaciones en su contra, de las cuales 18 han derivado en actos administrativos y dos continúan en averiguación. Una de las investigaciones más notorias se refiere a la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Por su parte, la Unión Patriótica tiene abierta una investigación por la supuesta falta de presentación de informes de gastos de campaña en las elecciones territoriales de 2023.

El registro de estos procesos administrativos complica la posibilidad de que el Pacto Histórico obtenga el reconocimiento legal como partido único. La mayoría de los abogados consultados dentro del CNE coinciden en que, desde el punto de vista jurídico, “las condiciones no están dadas para generar la escisión”. Sin embargo, el desenlace permanece incierto, ya que la decisión final depende de la correlación de fuerzas entre los magistrados del tribunal electoral.

El CNE está compuesto por nueve magistrados, cuyas posturas respecto a la fusión del Pacto Histórico se encuentran divididas. Cuatro magistrados Olga Lucía Velásquez, Fabila Márquez, ambas cercanas al petrismo, Altus Baquero y Álvaro Echeverry. cercano al presidente, se inclinan por respaldar la transición de coalición a partido político. En contraste, los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez, Cristian Quiroz y Alfonso Campo se oponen a la iniciativa.

Al interior del petrismo circulan estimaciones más optimistas, que sugieren una posible mayoría de 6-3 a favor de la fusión, bajo la premisa de que el magistrado Alfonso Campo podría sumarse al bloque favorable. Este magistrado, vinculado al Partido Conservador, había presentado semanas atrás una ponencia positiva que permitía la escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), lo que habría facilitado el paso de congresistas como Heráclito Landinez, María José Pizarro y David Racero, todos cercanos al presidente, hacia el partido único que surgiría de la fusión. Sin embargo, Campo no sometió su ponencia a consideración de la sala plena al no reunir los votos necesarios para sostenerla, lo que refleja la volatilidad y complejidad de las negociaciones internas en el tribunal electoral.

Los magistrados afines a Gustavo Petro planean argumentar que existe un precedente: el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (Moir) logró escindirse del Polo Democrático en septiembre de 2020, a pesar de tener investigaciones pendientes. Sobre esta base, reclamarán el derecho a la igualdad de trato. Algunos juristas del CNE advierten que “un error no genera derechos”, recordando que la composición del tribunal era diferente en ese entonces y que las circunstancias actuales no necesariamente permiten replicar ese antecedente.

Mientras tanto, en el seno del petrismo predomina el optimismo respecto a la posibilidad de que el CNE apruebe la fusión. Existe un sector minoritario que contempla un plan alternativo en caso de que el proceso no prospere: que solo un partido político , posiblemente el Polo Democrático, inscriba una lista fuerte al Congreso, con el respaldo de toda la izquierda. Esta opción aún no se ha definido y permanece como una carta de reserva ante la incertidumbre jurídica.

Por ahora, el futuro político de Gustavo Petro y de la izquierda colombiana sigue dependiendo de las deliberaciones y decisiones del Consejo Nacional Electoral, en un escenario donde la legalidad, la política y las estrategias partidistas se entrelazan de manera decisiva.