Paciente del hospital El Tunal, en Bogotá, denunció ser víctima de abuso sexual por un guarda de seguridad

Un nuevo caso de violencia sexual se presentó en Bogotá, pero lo más particular de la situación es que ocurrió dentro de las instalaciones del Hospital El Tunal, al sur de la ciudad, por parte de uno de los trabajadores del lugar hacia una paciente con movilidad y posibilidad de comunicación reducida.

El caso, que fue difundido por City TV, fue denunciado ante las autoridades y el medio de comunicación por la mujer de 30 años, que fue la víctima de un guarda de seguridad de la institución médica, y sus familiares, que fueron los encargados de interponer la demanda.

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Una carta fue el medio con el que la paciente logró comunicarse con su hermana y contarle lo que le había ocurrido en su estadía en el lugar a raíz de la dificultad para poder expresarse de manera verbal, ya que posee la enfermedad de Cushing secundaria (síndrome de Cushing que es causado por un tumor en la glándula pituitaria que produce ACTH –hormona adrenocorticotrópica), lo que lleva a una sobreproducción de cortisol por las glándulas suprarrenales).

En un breve relato que le hizo al sistema informativo comentó cómo fue la forma en la que este agresor propició el momento de abuso: “Me tocó el hombro, me dijo que lo mirara, yo lo volteé a mirar y él se bajó la cremallera del pantalón y se empezó a masturbar ahí, al frente mío y me decía que lo mirara”.

Su hermana contó que en vista de la debilidad muscular y la incapacidad para hablar, este hombre no dudó en realizar estos actos obscenos: “Más con una persona que no puede hablar, que no puede caminar sola en la habitación”.

El caso se puso en conocimiento de las diferentes autoridades y entidades competentes para que se avance con la respectiva investigación en contra de este hombre y la institución médica en sus procesos de contrastación.

Además, no concibe que este tipo de personas precisamente se encarguen de la seguridad de personas en estado de vulneración como hospitales, escuelas o jardines infantiles: “Si eso pasa en un hospital, qué se puede esperar de un tipo de esos, en un colegio, en un jardín, de guarda de seguridad, de niños, no me parece, queremos justicia”.

Desde la Sub Red Sur de la Secretaría de Salud, que cobija a esta unidad de servicio, emitieron un comunicado oficial en el que afirmaron que “mientras se adelantan las investigaciones pertinentes, el guarda de seguridad fue apartado del servicio”.

La ciudad de Bogotá implementa una ruta de atención para víctimas de violencia sexual que coordina servicios de salud, justicia y protección social, siguiendo lo dispuesto en la Resolución 459 de 2012. El proceso comienza cuando la víctima acude a un centro de salud, donde recibe atención médica, apoyo psicológico, medicación preventiva frente a infecciones y embarazo y, de ser necesario, asesoría sobre interrupción voluntaria del embarazo. El personal de salud informa a las autoridades en casos que involucran a menores de edad.

Posteriormente, se deriva a la víctima hacia entidades judiciales y de protección. La Fiscalía General de la Nación recibe las denuncias, investiga los hechos, solicita exámenes, otorga medidas de protección y se encarga de la judicialización del agresor, además de orientar a la víctima durante el proceso.

Para evitar duplicidad de esfuerzos y revictimización, los informes iniciales se comparten entre los sectores de salud y justicia. La Fiscalía, a través de CAIVAS y URI, articula la intervención según si existen personas detenidas, de modo de garantizar medidas inmediatas y restablecimiento de derechos. Medicina Legal colabora reuniendo pruebas médicas y científicas, siempre con autorización de la víctima.

En una tercera etapa, el restablecimiento de derechos se realiza con diversas instituciones, según el caso: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar actúa en situaciones que afectan a menores, mientras que las Comisarías de Familia intervienen en violencia sexual intrafamiliar. La Secretaría de la Mujer asesora y acompaña a mujeres víctimas, facilitando acceso a casas, refugio y otros apoyos.

La atención integral incluye supervisión de entidades como la Procuraduría, la Defensoría y la Personería, que vigilan la protección de los derechos y facilitan canales de denuncia. Cualquier persona puede reportar casos de violencia sexual a través de diversas líneas telefónicas y oficinas públicas. El circuito de atención busca una acción rápida y conjunta para atender a las víctimas, restablecer derechos y prevenir reincidencias.