Golpe a la minería ilegal en Antioquia afectó las finanzas del Clan del Golfo: cuatro unidades de producción fueron destruidas

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional realizó un importante golpe contra la minería ilegal en Antioquia, lo que permitió debilitar las economías ilegales de grupos armados al margen de la ley.

Uno de los operativos más recientes fue informado el 26 de junio de 2025, en zona rural del municipio de San Carlos, subregión oriente del departamento, en donde tropas del batallón especial Energético y Vial N° 4, junto con la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional, desmantelaron cuatro unidades destinadas a la extracción ilegal de oro.

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En el lugar fueron destruidas dos excavadoras, cuatro motores y una draga tipo buzo. Con estos equipos, se extraían cerca de 4.160 gramos de oro mensuales, equivalentes a un valor comercial de aproximadamente $1.560 millones.

La intervención evitó daños sobre más de cuatro hectáreas de bosque tropical, superficie capaz de producir cerca de 1.000 toneladas de oxígeno. La actividad ilícita habría causado la deforestación de más de 5.000 árboles y la contaminación de fuentes hídricas, por lo que las autoridades estiman que la recuperación de estos ecosistemas podría superar los 40 años.

La operación representó una afectación a las finanzas de la subestructura Pacificadores de Samaná, vinculada al grupo armado organizado Clan del Golfo. Esta estructura además de amenazar a las comunidades locales, también genera diversos impactos negativos sobre el medioambiente.

Estas acciones operativas hacen parte del Plan Amazonía, en la que la Cuarta Brigada del Ejército ha identificado e intervenido 18 zonas dedicadas a la extracción ilícita de yacimientos mineros en lo que va de 2025.

Estas acciones buscan contrarrestar las afectaciones ambientales y la financiación de estructuras criminales.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la defensa de los recursos naturales y continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y sostenible para las comunidades del oriente antioqueño”, puntualizó el Ejército.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada Añokazi, lideró la 19ª sesión del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), instancia clave en la coordinación del Estado frente a delitos como la deforestación, minería ilegal y tráfico de madera y fauna silvestre.

Durante el encuentro, la ministra Estrada señaló que, gracias al trabajo conjunto con diferentes entidades, se han logrado capturas de cabecillas implicados en actividades de criminalidad ambiental.

“Este Consejo está conformado por diferentes entidades del Estado. Nuestra meta es realizar tres sesiones más en lo que resta del año. Desde este escenario analizamos y tomamos decisiones frente a los factores que impulsan la deforestación en todo el territorio nacional. Gracias a este trabajo articulado, hemos logrado la captura de cabecillas de estructuras dedicadas a la criminalidad ambiental. Por lo tanto, el Conaldef es un espacio estratégico y muy positivo que desde el Ministerio de Ambiente seguimos fortaleciendo”, indicó la ministra Estrada.

En esta primera sesión del año, las entidades participantes definieron acciones concretas para fortalecer el control territorial, la vigilancia ambiental y la judicialización de organizaciones criminales vinculadas a la degradación de ecosistemas estratégicos.

En la reunión estuvieron presentes representantes de los ministerios de Defensa, Agricultura, Comercio y Relaciones Exteriores, así como de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, Parques Nacionales Naturales, el Ideam, la Anla, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

La estrategia prioriza departamentos como Chocó, Antioquia y Bolívar, donde la minería ilegal es el principal motor de la deforestación. Se abordaron también las afectaciones en la cuenca del río Naya, con repercusiones directas en municipios como López de Micay (Cauca) y Buenaventura (Valle del Cauca).

Por su parte, el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Mauricio Cabrera Leal, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para ampliar los avances logrados y fortalecer las acciones tanto a nivel nacional como internacional.

Las entidades participantes coincidieron en la necesidad de mejorar procesos, avanzar en reglamentaciones y desarticular redes responsables del daño a los ecosistemas.

El Ministerio de Ambiente enfatizó que el Conaldef enfocará sus esfuerzos en identificar y judicializar a los financiadores de los crímenes ambientales, mediante el trabajo conjunto en investigación, inteligencia financiera y procesos judiciales.