La presencia de algunos miembros de organizaciones criminales en la intervención del presidente Gustavo Petro en el centro administrativo de La Alpujarra, de Medellín, causó revuelo en ciudadanos y sectores políticos, el 21 de junio de 2025.
Este momento que involucró a varios miembros importantes de estas organizaciones fue adjudicado a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, que bajo su cargo de Coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá, solicitó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado de estos hombres para asistir al evento del mandatario en plaza pública.
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Sobre estos hechos, mucho se ha cuestionado el proceder de la parlamentaria, por lo que la Consejería Comisionada de Paz emite un comunicado en el que asegura que este procedimiento se realizó bajo los estándares de la ley, como lo estipulan las Resoluciones 139 del 29 de mayo de 2023 y 094 de 8 de abril de 2025:
“En el marco de las facultades otorgadas por el Presidente de la República y en atención a los avances y logros alcanzados en el Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana de Medellín y El Valle de Aburrá, se remitió la solicitud de autorización para el traslado de voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto actualmente privados de la libertad, al Director del Instituto Nacional Penitenciario - Inpec, como entidad responsable de la custodia y vigilancia quien, en efecto, autorizó y brindó todo el dispositivo de seguridad y custodia necesario para el mencionado traslado, todo dentro del conducto regular establecido por la ley”.
Su designación como Coordinadora del proceso se hizo público el 12 de noviembre de 2024. En el documento de su nombramiento se detalló el cargo que hoy ejecuta y sus funciones:
“ARTÍCULO 1. Designar a Isabel Cristina Zuleta López, (...), como Coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá. La Coordinadora está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones sociojurídicas con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá que demuestren voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que establece la Ley y construir paz en los territorios.”
La solicitud de la funcionaria al Inpec incluía los nombres de los privados de la libertad como: Juan Fernando Álvarez, conocido como alias Juan 23; Alber Antonio Henao Acevedo; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Calambre; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Walter Alonso Román Jiménez y Dayron Alberto Muñoz Torres.
Todos ellos debían ser trasladados el sábado 21 de junio, “para participación en acto público con el presidente de la República en vía pública, en la plazoleta de La Alpujarra, en la ciudad de Medellín”, según se lee en un fragmento de la resolución a la que tuvo acceso Semana.
El traslado de los reclusos quedó bajo la responsabilidad de la dirección de la cárcel con alta y media seguridad de La Paz, ubicada en el municipio de Itagüí. Para la operación, se contempló el apoyo de la Fuerza Pública y del grupo de operativos especiales, con el objetivo de reforzar la seguridad durante todo el proceso
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