El 26 de junio de 2025 se desarrolló una nueva audiencia judicial en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos, que estuvo marcada por tensos alegatos, suspensiones inesperadas y la intervención de los representantes de las víctimas.
El caso, que involucra a Álvaro Uribe Vélez, exmandatario de Colombia, continúa generando expectativa en el ámbito judicial y político del país. La jornada de este jueves se centró en los argumentos de los abogados que representan a las víctimas, que expusieron ante la juez Sandra Liliana Heredia. La audiencia, que tuvo lugar en los juzgados de la capital colombiana, se vio interrumpida en dos ocasiones, lo que añadió un matiz de tensión y expectativa al proceso.
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En la primera parte de la sesión, el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de Iván Cepeda, tomó la palabra para defender los intereses de su representado, quien figura como demandante en el proceso. Del Río sostuvo que “muchos de los testigos han querido manchar la imagen de Cepeda”, señalando que el abogado Diego Cadena, defensor de Uribe, habría visitado cárceles con el propósito de modificar testimonios. Esta afirmación puso de relieve la complejidad del caso y la multiplicidad de actores involucrados, así como la importancia de los testimonios en la construcción de la verdad judicial.
La intervención de Del Río se centró en la presunta manipulación de testigos, un aspecto clave en la acusación contra el expresidente. El abogado argumentó que la estrategia de la defensa de Uribe habría incluido el contacto directo con personas privadas de la libertad, con el objetivo de obtener declaraciones favorables para el exmandatario. Este señalamiento refuerza la hipótesis de que el proceso judicial no solo se limita a la figura de Uribe, sino que involucra a su círculo cercano y a quienes han participado en la recolección de pruebas y testimonios.
El desarrollo de la audiencia tomó un giro inesperado cuando intervino el abogado Juan David León, representante de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, también considerados víctimas en el proceso. Durante su alegato, la juez Sandra Liliana Heredia se vio obligada a suspender la audiencia en dos ocasiones. La primera suspensión se debió a una falla técnica que afectó la conexión a internet, lo que impidió la continuidad normal de la sesión. La segunda interrupción ocurrió cuando la juez consideró que el alegato de León se alejaba de los hechos jurídicos en discusión.
La juez Heredia advirtió al legista: “Está haciendo su alegato frente a circunstancias que no hacen parte de los hechos jurídicos y voy a suspender la audiencia en estos momentos para que reconsidere sus alegatos”. Esta intervención de la togada evidenció la rigurosidad con la que se conduce el proceso y la necesidad de ceñirse estrictamente a los hechos relevantes para la causa. La decisión de la juez se produjo después de que León intentara referirse a una intervención pública de Álvaro Uribe cuando era presidente, el 8 de octubre de 2007, lo que fue considerado por la magistrada como un desvío del objeto central del juicio.
Como resultado de estas interrupciones, la audiencia quedó aplazada y se reanudará con el alegato pendiente de León el viernes 27 de junio a las 8:30 de la mañana. Esta reprogramación mantiene en vilo a las partes involucradas y a la opinión pública, que sigue de cerca cada desarrollo del proceso judicial contra el exmandatario.
Cabe recordar que en la diligencia realizada el miércoles 25 de junio. La fiscal Marlene Orjuela presentó un balance de las pruebas recabadas durante la investigación. Orjuela afirmó que “las pruebas practicadas con inmediación y bajo la dirección de la entidad, han sido concluyentes”. Según la fiscal, la estructura probatoria desplegada en la audiencia incluyó declaraciones, interceptaciones legales, documentos, registros audiovisuales y un análisis integral del contexto fáctico “no solo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda”.
Así las cosas, defendió las pruebas presentadas por el ente acusador y reafirmó su solicitud de que el líder político del Centro Democrático sea condenado.
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