La justicia federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Stefan Andrés Correa, ciudadano con nacionalidades ecuatoriana y estadounidense, por los delitos de tráfico sexual y abuso de menores. La condena fue dictada por una corte de Florida tras una investigación que demostró que Correa viajó en al menos 48 ocasiones a Medellín entre 2020 y 2024 para abusar de niñas, muchas de ellas entre los 9 y 12 años.
“Este depredador sexual enfrentará una larga pena en prisión en su país por delitos cometidos en Medellín”, afirmó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, al referirse al caso. Correa fue capturado el 19 de abril de 2024 en el aeropuerto de Miami cuando intentaba tomar un vuelo hacia Bogotá con destino a Medellín. La detención se dio tras varios meses de seguimiento por parte de agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI), que recopiló evidencia sobre sus actividades en Colombia.
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Al momento de su captura, las autoridades le incautaron 58 videos y más de 100 fotografías con material de abuso infantil, además de conversaciones explícitas con intermediarios locales. En esos intercambios, Correa realizaba solicitudes específicas sobre las víctimas y negociaba pagos en efectivo y celulares para acceder a las menores.
Durante la investigación, se logró establecer que Correa no actuaba solo, sino que hacía parte de una red criminal dedicada a la explotación sexual de menores. Como parte de esa estructura, dos mujeres colombianas fueron capturadas en enero de 2025, Lina Marcela Velázquez Maldonado y María Camila Cano Cuervo.
Velázquez Maldonado fue condenada el 27 de mayo a 21 años y dos meses de prisión por facilitar, entre otros hechos, el abuso de su prima de 11 años por parte de Correa. La condena fue apelada por su defensa ante el Tribunal Superior de Medellín. En cuanto a Cano Cuervo, fue señalada de organizar un encuentro entre Correa y una menor de 15 años el 20 de noviembre de 2023. Durante las audiencias iniciales, no aceptó los cargos y fue dejada en libertad mientras avanza el proceso judicial.
Según los testimonios forenses recabados durante la investigación, al menos seis menores fueron identificadas como víctimas directas de Correa. La mayoría de los pagos por parte del condenado eran hechos a terceros para minimizar su exposición directa a las víctimas.
“La sentencia es el resultado de la Operación Cazador, un ejemplo de lo que se puede lograr con inteligencia, cooperación internacional y, sobre todo, la decisión de combatir este delito. Se trata de un resultado histórico, producto de una investigación paralela, adelantada tanto en Miami como en nuestra ciudad”, señaló el alcalde Gutiérrez. Este caso se mantiene en seguimiento por las autoridades, que continúan las investigaciones para identificar posibles cómplices adicionales y garantizar justicia a las víctimas.
Así operaba la red
Las autoridades de Colombia y Estados Unidos lograron documentar el funcionamiento de una red criminal dedicada a la explotación sexual infantil en Medellín, en la que el ciudadano ecuatoriano-estadounidense Stefan Andrés Correa jugó un rol central. La investigación, liderada por la agencia estadounidense HSI y apoyada por fiscales y agentes colombianos, evidenció un esquema sostenido en el tiempo, con al menos 45 viajes de Correa al país entre 2020 y 2024.
El caso revela una operación articulada. Dos mujeres jóvenes, identificadas como alias Lili y alias Camila, fueron procesadas como presuntas colaboradoras. Según los hallazgos, su papel consistía en ubicar menores en condiciones de vulnerabilidad, en ocasiones de su propio entorno, y facilitar el contacto con Correa. La red operaba mediante promesas económicas y la entrega de objetos de valor. A las víctimas se les ofrecía dinero en efectivo, aunque en montos inferiores a los pactados entre el agresor y sus intermediarias.
Las pruebas reunidas incluyen grabaciones, mensajes y documentos digitales que permitieron identificar a más de 20 víctimas. Además, se descubrió que Correa mantenía comunicación con otros presuntos abusadores internacionales, lo que encendió las alertas sobre la dimensión transnacional del caso.
El proceso judicial avanza tanto en Estados Unidos como en Colombia. Las autoridades insisten en que este tipo de redes no pueden combatirse de forma aislada y que se requiere mayor cooperación internacional para prevenir y sancionar de forma efectiva este tipo de crímenes.
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