Una controversia de gran magnitud sacudió el panorama político colombiano tras la presentación de una demanda ante el Consejo de Estado que solicita la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay, que permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe.
La acción judicial, interpuesta por Carlos Alberto Sánchez Grass en representación de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía (Sinsergen), generó un intenso debate público y político, especialmente por el delicado estado de salud del senador, víctima de un atentado perpetrado por un sicario de 14 años el 7 de junio.
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La demanda sostiene que el congresista habría incurrido en actos proselitistas y de precampaña política el mismo día en que fue atacado, lo que, según los demandantes, constituye una violación a la normativa electoral vigente en Colombia. El hecho de que la acción judicial se haya presentado en este contexto provocó reacciones de indignación y rechazo en diversos sectores, que consideran inoportuno y cuestionable el momento elegido para iniciar el proceso.
En declaraciones a Infobae Colombia, el concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal expresó su desconcierto y malestar ante la situación. “Es inaudito y lamentable. El mismo líder sindical que hoy demanda la investidura del senador Miguel Uribe hace apenas dos meses estaba sentado con él en el Congreso pidiéndole su apoyo para un proyecto y resulta que de repente lo ataca con una demanda. Pero lo más grave es el momento en que ocurre todo esto”.
“Esta demanda de pérdida de investidura llega justo después de que la defensa de la familia del senador Miguel Uribe, a través de su abogado Víctor Mosquera, denunciara penalmente ante la Comisión de Acusaciones al presidente Petro. Esto no es coincidencia, es retaliación política”, afirmó Barrios a este medio, cuestionando además los vínculos políticos de Sánchez Grass.
El concejal Barrios Bernal subrayó la relación del sindicalista con sectores del progresismo colombiano, en particular con la congresista Martha Peralta del Pacto Histórico. Según Barrios, Sánchez Grass se identifica en sus redes sociales como amigo cercano de Peralta y ha manifestado posturas críticas hacia la fuerza pública, llegando incluso a justificar actos violentos como el incendio del CAI de La Gaitana en la localidad de Suba en 2020.
“Definitivamente así es como se maneja el progresismo en Colombia. Hablan de ser una potencia mundial de la vida cuando les conviene, pero persiguen a quienes se atreven a denunciar sus discursos de odio. Esto no es justicia, es persecución. Es una jugada ruin para callar a quienes se atreven a enfrentar el poder”, sentenció el concejal.
A través de sus redes sociales, Barrios Bernal compartió fotografías que, según él, evidencian la cercanía entre Sánchez Grass y el senador Uribe Turbay. En una publicación en X, el concejal escribió: “Este petrista pura sangre demuestra lo ruin que es el progresismo que solo busca defender sus intereses personales y no los colectivos”, acompañando el mensaje con imágenes del encuentro entre ambos.
En otro mensaje, Barrios cuestionó el origen de la decisión de Sánchez Grass de presentar la demanda, sugiriendo la existencia de motivaciones políticas y una posible coordinación con figuras del Pacto Histórico.
“¿De dónde habrá salido la orden para demandar la investidura del senador Miguel Uribe?, qué casualidad que esto se da un día después de que la defensa de Miguel Uribe denunciara a Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación (sic)”, escribió Barrios, quien también difundió fotografías de Sánchez Grass junto a Peralta.
Por su parte, Carlos Sánchez, representante de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y autor de la demanda, defendió su decisión de acudir al Consejo de Estado. En declaraciones a Semana, Sánchez afirmó: “No me arrepiento de haber interpuesto la demanda (…) Nos mantenemos y no le vemos problema a eso”.
Explicó que la motivación principal radica en el supuesto proselitismo político realizado por Uribe Turbay el día del atentado, lo cual, según la interpretación de Sánchez y su equipo, está prohibido por la ley electoral.
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