La decisión de la Sala Plena de Corte Constitucional, que el jueves 26 de junio de 2025 determinó que solo la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigar al presidente de la República, Gustavo Petro, por supuesta violación de los topes en la financiación de su campaña electoral de 2022, generó una serie de interrogantes sobre qué ocurrirá con el proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La determinación del alto tribunal, en una apretada votación de 5-4, dejó sin competencia al órgano rector electoral para adelantar acciones contra el primer mandatario. Pero no a que se sigan haciendo pesquisas frente otros exmiembros de la campaña que en la decisión del 8 de octubre de 2024 fueron vinculados al caso: entre ellos el hoy presidente de la estatal Ecopetrol, Ricardo Roa; además de tres exintegrantes más de las finanzas de la aspiración.
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En efecto, la Corte mantuvo la potestad del CNE de sancionar administrativamente a otros responsables de la campaña, en caso de ser encontrados culpables de la presunta violación de topes, por más de 5.355 millones de pesos. El fallo puso fin a un prolongado debate sobre a qué ente correspondía la competencia en estos casos, después de que el órgano electoral formulara cargos tanto a Petro, amparado en un fallo de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.
En la sentencia SU-275 de 2025, la Sala Plena exhortó al Congreso a legislar para definir el órgano encargado de resolver futuros conflictos de competencia, entre entidades constitucionales que ejercen funciones administrativas y jurisdiccionales. Es decir: para que no se produzcan nuevos diferendos en relación con las facultades de uno y otro órgano. Así pues, está claro que el CNE podrá definir sanciones si así lo estima contra los disciplinados.
Ricardo Roa y los demás investigados que seguirán bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral
Mientras todo lo concerniente al caso del presidente Gustavo Petro pasará a manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como el cuerpo legislativo que es juez natural del jefe de Estado, el Consejo Nacional Electoral continuará con el proceso en el que están involucrados, además de Roa, como gerente de la campaña Petro Presidente, la tesorera Lucy Aideé Mogollón y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, como se relacionó en la resolución.
“El Consejo Nacional Electoral continuará con la investigación sobre la presunta violación de topes de la campaña presidencial del Pacto Histórico 2022, de conformidad con el ordenamiento jurídico y acatando lo que dispongan los órganos judiciales. El procedimiento sancionatorio continuará respecto de los sujetos que de acuerdo con la Ley deban responder por la posible infracción a la normativa electoral”, se leyó en el pronunciamiento del ente rector.
Mogollón fue la encargada de presentar los registros de ingresos y egresos de la contienda, así como la posible existencia de recursos de origen prohibido o gastos omitidos; en tanto que Soto Caro y Lemus Gómez también fueron vinculados por su responsabilidad en revisar la contabilidad registrada. Por su parte, el movimiento Colombia Humana y al partido Unión Patriótica UP también responderán por presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales.
Según se explicó por el CNE, Petro, Roa y compañía habrían vulnerado el límite de gastos de la campaña de primera vuelta por el orden de $3.709.361.342; en una decisión soportada en el artículo 109 de la Constitución Política, el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 y los artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005. Por su parte, en la segunda vuelta, se comprobaron excesos por $1.646.386.777; para un gran total de $5.355.748.119.
El CNE notificó a los implicados sobre la existencia de sobrecostos en la campaña y otorgó a las partes 15 días para presentar alegatos finales. De acuerdo con el expediente, entre las principales irregularidades figura el ocultamiento de una factura de publicidad con Caracol TV por $356 millones y en el valor reportado del evento del 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena, que habría costado $250 millones de pesos y no $150 millones, como se consignó ante el CNE.
A esto se suma material probatorio se expusieron una serie de libros contables, facturas y demás comprobantes de los aportes que habrían sido ocultados de organizaciones sindicales como Fecode, de $500 millones, otros $500 millones del Polo Democrático; y el aporte de la USO, por el mismo monto. Además de que se omitió el pago de testigos electorales por más de $931 millones, y del transporte aéreo, por $1.249 millones, de la empresa ibaguereña Sadi S.A.S.
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