La Corte Constitucional ordenó la restitución inmediata de la EPS Sanitas a sus accionistas, revocando la intervención estatal que se mantuvo durante quince meses y que, según el grupo empresarial Keralty, dejó daños profundos e irreparables en la entidad y en el sistema de salud nacional.
La decisión del alto tribunal, comunicada en un fallo histórico, instruye al Gobierno colombiano a devolver la administración y los órganos de dirección de EPS Sanitas a sus propietarios originales.
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Sin embargo, la reacción de Keralty, grupo al que pertenece la EPS, fue de firmeza y dolor, más que de celebración.
“Lo que debía ser un día de celebración por la restitución de la justicia, para nosotros es un día de duelo”, expresó la organización en un comunicado oficial.
Durante los quince meses de intervención, Keralty sostuvo que la EPS fue desmantelada, perdiendo capacidad operativa, financiera y humana.
El grupo empresarial insiste en que la intervención fue ilegal y perjudicial, no solo para la entidad, sino también para los millones de afiliados, prestadores y profesionales de la salud que dependen de su funcionamiento.
“Es un día de una profunda reflexión porque queda claro que la estrategia que desplegó el gobierno con la intervención de Sanitas, dirigida a debilitar el sistema de salud y a afectar a millones de pacientes, finalizó con la decisión de la Corte”, afirmó el abogado de Keralty, Juan David Rivero, en rueda de prensa.
La organización acusó al Estado colombiano de haber ejecutado una estrategia premeditada para eliminar el modelo de aseguramiento a través de las EPS.
“No fue un error. Fue una estrategia premeditada, arbitraria, malévola y anunciada públicamente”, señala el comunicado.
Según Keralty, la intervención se desarrolló en varias fases: primero, mediante el estrangulamiento financiero; después, a través de una persecución administrativa sistemática que no halló irregularidades; posteriormente, con la toma de control interno que debilitó la operación y fragmentó las redes de atención; y finalmente, permitiendo que el deterioro progresivo sirviera como justificación para la intervención.
El propio presidente Gustavo Petro habría manifestado en campaña y durante su gobierno la intención de acabar con las EPS, según recuerda el comunicado de Keralty.
“El propio Presidente Gustavo Petro lo declaró en campaña y en Gobierno: acabaría con las EPS, de una forma u otra. Lo repitieron sus Ministros. Y lo ejecutaron paso a paso”, se lee en el documento.
El resultado, según la organización, es una empresa devastada: “Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas”.
Entre los daños más graves, Keralty enumera la afectación financiera, la disminución en la calidad del servicio, la fragmentación de la red de atención, el crecimiento sin precedentes de quejas y tutelas, y el profundo desgaste humano entre los colaboradores.
“Con servicios deteriorados, con niveles de quejas y tutelas sin precedentes. Con redes fragmentadas. Con una atención deteriorada, inoportuna y desintegrada para los usuarios. Con equipos humanos heridos en lo más profundo de su vocación”, detalla el comunicado.
La organización enfatizó que no busca venganza, pero sí exige reparación integral, justicia y la determinación de responsabilidades tanto operativas como intelectuales de quienes promovieron y ejecutaron la intervención.
“Continuaremos las acciones relevantes contra el Estado colombiano, y los autores intelectuales y operativos de este despropósito tendrán que rendir cuentas ante los tribunales nacionales e internacionales”, advierte Keralty.
Más allá del caso particular de Sanitas, el grupo empresarial subrayó que la crisis financiera estructural del sistema de salud colombiano persiste. Junto con EPS Sura y EPS Compensar, Keralty había advertido previamente sobre tres factores críticos: la insuficiencia estructural de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la concentración asimétrica del riesgo entre los aseguradores y el peso de las deudas acumuladas, agravadas por la pandemia de covid-19.
Estos problemas, según el Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional, constituyen una amenaza directa al derecho fundamental a la salud. “El Estado no puede seguir incumpliendo su deber constitucional de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Sin esa base, el colapso será inevitable”, sostiene el comunicado.
En este contexto, Keralty propuso la construcción de una coalición ética y técnica para recuperar lo que queda del modelo y avanzar hacia un sistema más justo y eficiente.
La convocatoria incluye empleados y directivos del sector, prestadores públicos y privados, usuarios y pacientes, servidores públicos comprometidos, actores políticos de todas las tendencias, sociedad civil activa y el poder judicial como garante del cumplimiento de las sentencias. “Nos mueve el amor a la vida, a la salud y a Colombia. No el resentimiento”, subraya la organización.
La advertencia final de Keralty es contundente: si el Gobierno Nacional no asume con seriedad sus responsabilidades financieras y regulatorias, y si no se generan las condiciones mínimas para la estabilidad operativa de la EPS, la organización no tendrá alternativa distinta a abandonar el proceso de recuperación.
“Si no se presenta el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Gobierno, no nos quedará otra alternativa que desistir de nuestro propósito y voluntad de seguir adelante”, concluyó el comunicado.
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