En la mañana del jueves 26 de junio, la senadora Paloma Valencia concedió una entrevista a La FM. Allí, se refirió a la propuesta de una constituyente por parte de Luis Eduardo Montealegre, ministro de Justicia.
La congresista dijo que la constituyente, mediante un mecanismo de papeletas, no solo sería ilegal, sino insostenible.
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“La constituyente no tiene pie ni cabeza. La Constitución dice que esa iniciativa debe pasar por el Congreso. Si la tal papeleta llega a aparecer, todos los colombianos debemos romperla... Esto no es rebelión, la rebelión es la del presidente Petro. Hay que cuidar y respetar la institucionalidad (...) “Si la tal papeleta llega a aparecer, debemos romperla”, señaló.
La senadora dijo que si, con la constituyente, la intención de Petro es reelegirse no lo va a lograr, pues las encuestas no lo favorecen y su popularidad va en picada.
“No hay razones para temerle a Petro. Es un presidente desprestigiado, sin popularidad, que aunque tuviera reelección no sería reelegido, porque el 30% de colombianos que le queda no le alcanzaría”, dijo.
Valencia añadió que en Colombia la institucionalidad es tan fuerte que el presidente Petro no podría quedarse en el poder.
El anuncio del ministro de Justicia
El Gobierno anunció oficialmente su intención de someter a votación popular la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente, con el propósito de reformar la Constitución de 1991. La propuesta fue presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en la antesala del Consejo de Ministros celebrado el 24 de junio en la Casa de Nariño.
La consulta se realizaría en marzo de 2026, en simultánea con las elecciones legislativas. En esa fecha, los colombianos recibirían una papeleta adicional para expresar si respaldan o no la convocatoria de una constituyente encargada de redactar una nueva Carta Política. Esta sería la primera vez desde 1991 que se somete a decisión directa de la ciudadanía un mecanismo de esta envergadura.
El planteamiento del Gobierno parte de la premisa de que la actual Constitución ha sido insuficiente para concretar transformaciones sociales de fondo en el país. El Ejecutivo considera que una nueva arquitectura institucional permitiría avanzar en materias como equidad, solidaridad y derechos sociales.
La iniciativa se inscribe en una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, aunque durante su mandato ha habido ambigüedad sobre su implementación.
La propuesta del ministro Montealegre busca, según explicó, abrir un camino legal y dentro del marco institucional para promover una nueva Constitución. Desde el Gobierno se ha insistido en que el procedimiento no implica una ruptura del orden democrático ni un “salto al vacío”, sino una vía participativa para canalizar cambios estructurales.
La idea de una Constituyente ha sido recurrente en los discursos del presidente Petro. El pasado 11 de junio, en un acto público en Cali, el mandatario reiteró su intención de acudir a mecanismos de participación ciudadana para lograr reformas, aunque en ese momento enfocó su llamado en la recolección de firmas para respaldar una consulta popular relacionada con la reforma laboral. No obstante, luego de que dicha reforma fuera aprobada por el Congreso, el Gobierno anunció la derogatoria del decreto que habilitaba esa consulta.
Nueve días después, el 20 de junio, el presidente publicó en sus redes sociales que la consulta laboral ya no era necesaria, pero reafirmó su propósito de impulsar una Asamblea Constituyente. Sin embargo, aclaró que esta no tendría lugar durante su actual administración, sino que se llevaría a cabo en el siguiente periodo presidencial.
El anuncio del ministro Montealegre se da a pocos días de que se cumplan 34 años de la promulgación de la Constitución vigente. El momento elegido y el contenido del anuncio reactivaron los debates políticos y jurídicos sobre la viabilidad del mecanismo. Algunos expertos han advertido que las condiciones actuales del ordenamiento legal no contemplan la inclusión de una papeleta adicional para convocar directamente una Asamblea Constituyente, lo que plantea interrogantes sobre los procedimientos y las competencias necesarias para activar este proceso.
Pese a las dudas jurídicas y a la polarización que genera el tema, el Gobierno sigue adelante con su estrategia para abrir el camino hacia una nueva Constitución. La consulta prevista en marzo de 2026 sería el primer paso para determinar si existe respaldo ciudadano a una reforma profunda del orden constitucional colombiano.
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