
La discusión pública sobre los caminos para alcanzar la paz urbana en Medellín sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente Gustavo Petro reaccionara a través de su cuenta de X a unas declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El mandatario publicó: “Si yo digo esto, para ellos mismos es malo. Solo sirve si ellos lo dicen. Pues hagamos juntos la nueva justicia restaurativa”, en aparente alusión a la postura del alcalde frente a la llamada Paz Total promovida por el Ejecutivo.
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El comentario del presidente surgió luego de que Gutiérrez hiciera una declaración contundente durante un evento público, donde se refirió a los integrantes de estructuras delincuenciales actualmente detenidos:“Un mensaje directo a los que capturamos de nuestra administración que están en la cárcel de Itagüí. Quieren la paz de verdad en Medellín, están arrepentidos, dejen ya de matar, dejen ya de extorsionar, dejen de reclutar niños y entreguen los bienes y reparen a las víctimas, que encuentren el marco jurídico. Si llegan a una discusión de Paz Total, yo como alcalde de Medellín, a partir del programa Parceros, me encargo de los más de 5.000 jóvenes para que jamás en su vida vuelvan a empuñar un arma y vuelvan a la vida civil”.

Las críticas al acto en La Alpujarra
El intercambio entre ambos líderes ocurre en medio de la controversia desatada por el acto público que encabezó el presidente el sábado 21 de junio en La Alpujarra, centro administrativo de Medellín. Bajo el título de “Acto por la Paz Urbana”, el evento reunió a miembros del gabinete presidencial y contó con la presencia de nueve excapos, hoy condenados, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí para compartir tarima con el jefe de Estado.
El objetivo del evento, según el Gobierno, era presentar avances en los diálogos con estructuras criminales del Valle de Aburrá como parte de la estrategia de Paz Total. Sin embargo, la presencia de los exlíderes delincuenciales generó un amplio rechazo, al ser percibida como una forma de “visibilización indebida” de personas responsables de crímenes graves.

Una de las críticas más significativas provino de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien si bien reconoció que “la paz urbana que se busca con esas conversaciones es un camino necesario”, también cuestionó duramente la forma del evento:“Responsables de homicidios, desapariciones, reclutamiento, violencia sexual y otros crímenes graves no deberían tener un lugar de honra y distinción”, afirmó.
Además de la Defensoría del Pueblo, otros sectores políticos como los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, así como el alcalde Federico Gutiérrez, expresaron su rechazo por el encuentro en La Alpujarra. La crítica común entre estos actores se enfoca en la supuesta legitimación de excabecillas que, pese a estar condenados, fueron expuestos en un acto oficial como interlocutores de paz.
Durante su intervención, el presidente Petro sostuvo que el Gobierno evaluaría junto a la Fiscalía “a qué beneficios jurídicos pueden acceder los negociadores, a cambio del cese total de las acciones criminales”. Este anuncio reavivó el debate sobre la denominada Ley de Sometimiento 2.0, cuyo primer borrador fue archivado en 2023 y que, según la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, se prepara para ser presentado en la próxima legislatura.
La defensora Marín también puso el foco en la necesidad de superar las tensiones entre los niveles nacional y distrital de gobierno: “Más que una desarticulación, se percibe una rivalidad política que no debería tener lugar en una ciudad como Medellín, que necesita soluciones integrales, no confrontaciones institucionales”, sostuvo.
En ese sentido, hizo un llamado a la cooperación entre autoridades: “La paz urbana debe avanzar con pasos concretos. Reiteramos nuestra disposición para trabajar articuladamente con las autoridades municipales y nacionales, en favor de una paz integral que respete el Estado social de derecho y los derechos de las víctimas”.
Por ahora, mientras avanza la elaboración del nuevo proyecto de sometimiento, los escenarios de reconciliación siguen generando divisiones y plantean el reto de lograr consensos políticos en torno a una estrategia que busca frenar la violencia urbana, sin sacrificar justicia ni verdad.
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