El proceso judicial en Colombia contra el considerado zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, quedó suspendido el jueves 26 de junio en Bogotá, luego de que su defensa solicitara la nulidad del expediente y presentara un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La audiencia de acusación, que debía realizarse en la capital colombiana, no pudo avanzar debido a la intervención de los abogados de Marín Buitrago, que argumentaron supuestas irregularidades en las actuaciones previas del proceso.
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La Fiscalía General de la Nación se opuso a la petición, defendiendo que se han respetado los principios de legalidad y el derecho al debido proceso.
El juez penal especializado de Bogotá rechazó de plano la solicitud de nulidad, pero la defensa interpuso un recurso de apelación, lo que obliga a que el Tribunal Superior de Bogotá decida en segunda instancia si existen méritos para anular el proceso.
La suspensión del proceso judicial implica que no podrá avanzarse con la acusación formal ni con el inicio del juicio oral hasta que los magistrados del tribunal resuelvan la apelación.
La Fiscalía manifestó su interés en que la decisión se tome con la mayor celeridad posible, ya que la dilación impide continuar con las etapas procesales previstas.
El caso de Diego Marín Buitrago ha captado la atención pública por la magnitud de las acusaciones en su contra.
Señalado como el cabecilla de una organización criminal dedicada al contrabando, Marín Buitrago habría introducido mercancía al país durante años sin cumplir los requisitos legales de importación.
Además, según reportes de la Fiscalía, la estructura criminal habría expandido sus actividades al narcotráfico, lo que agrava la situación judicial del acusado.
La trayectoria de Papá Pitufo en la clandestinidad incluyó su salida de Colombia hacia España, tras conocer que existía una orden de captura en su contra y que varios de sus socios habían sido detenidos.
Posteriormente, logró trasladarse a Portugal, donde fue puesto bajo custodia de las autoridades locales. Desde hace casi un año, la Fiscalía ha adelantado los trámites necesarios ante las autoridades portuguesas para lograr su extradición a Colombia.
El Tribunal Supremo de Portugal autorizó preliminarmente la extradición, pero la defensa de Marín Buitrago interpuso recursos legales que han retrasado el proceso.
En un giro reciente, los abogados de Marín Buitrago consiguieron su libertad en Portugal mediante un habeas corpus, argumentando que la detención había excedido los plazos legales establecidos por la legislación portuguesa.
El 9 de junio, el Tribunal Supremo de Portugal determinó que mantenerlo privado de la libertad podría atentar contra el debido proceso, por lo que recuperó su libertad mientras se resuelve una solicitud de asilo presentada por el propio Marín Buitrago.
Mientras tanto, en Colombia, la Fiscalía continuó con las actuaciones judiciales, incluso en ausencia del acusado. Se radicó el escrito de acusación y se solicitó a un juez la apertura de un eventual juicio.
Sin embargo, la defensa de alias Papá Pitufo ha insistido en la nulidad de todas las actuaciones, alegando que su cliente solicitó estar presente en la audiencia de imputación desde Portugal y que la juez de control de garantías le negó la conexión, lo que consideran una violación al debido proceso.
La Fiscalía refutó estos argumentos, señalando que Marín Buitrago se negó a presentarse a las audiencias y que las continuas dilaciones y cinco aplazamientos obligaron a la juez de garantías a declarar la figura de la contumacia, que en la legislación colombiana se aplica a los indiciados rebeldes que se niegan a comparecer.
Según la ley, basta con la presencia del abogado defensor para proceder con la imputación.
El juez Quinto Especializado de Bogotá negó la nulidad solicitada por la defensa, pero esta decisión fue apelada, lo que mantiene en suspenso la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Diego Marín Buitrago es señalado de ser el principal articulador de una red delictiva dedicada al ingreso de mercancía de contrabando y de corromper a funcionarios públicos para facilitar sus actividades ilegales.
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