Incautaron media tonelada de cocaína que tenía como destino Centroamérica, Estados Unidos y Europa: saldría desde La Guajira

En un contundente golpe al narcotráfico, la Policía Nacional logró la incautación de media tonelada de cocaína en San Roque, Cesar. La operación, llevada a cabo en la noche del miércoles 25 de junio de 2025, como parte de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, se registró en el momento de inspeccionar un camión con destino a La Guajira y en cuya carga se encontraron 500 kilos del alcaloide.

Según explicó el director Triana, el cargamento pretendía ser enviado a Centroamérica, Estados Unidos y Europa a través de puertos ilegales en la costa norte. Durante el operativo, la policía arrestó a una persona y confiscó el vehículo utilizado para el transporte.

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Según el mensaje del director general Triana, publicado en su cuenta oficial de X, este decomiso forma parte del esfuerzo sostenido lanzado en 2025: “En lo que va corrido de 2025, la @PoliciaColombia ha incautado más de 228 toneladas de cocaína”

Y es que dicha cifra pone en relieve el impacto de las operaciones desplegadas por la fuerza pública y el compromiso institucional de erradicar las redes de narcotráfico en el país. Este caso en Cesar se convierte en uno de los episodios más resonantes del año, tanto por el volumen incautado como por la ruta estratégica interceptada.

Las investigaciones preliminares indican que la cocaína fue cargada en un camión en San Roque, ocultada en un compartimiento oculto bajo el tanque de gasolina, lo que demuestra la sofisticación de los métodos empleados por redes criminales. Su destino era la costa norte, desde donde las drogas serían embarcadas hacia San Andrés y Punta Gorda para salir por rutas marítimas non-legales.

Este modus operandi coincide con lo reportado en años anteriores en Cesar y La Guajira, regiones clave para el tránsito de estupefacientes dados sus accesos a Venezuela y al Caribe.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno es común: camiones o tractocamiones son usados para trasladar mercadería aparentemente legítima, pero que esconden grandes cantidades de alcaloides.

Así las cosas, una vez desarrollado el operativo, las autoridades comenzaron a abrir investigaciones para identificar a los responsables dentro de la cadena: propietarios del camión, operadores logísticos, financistas y articuladores de las rutas hacia la costa. El peso de la evidencia —vehículo, la detención y la prueba del alijo— abrirá una fase procesal que, al menos en teoría, aspira a llevar a involucrados ante la justicia por delitos de tráfico, fabricación y protección al narcotráfico.

El narcotráfico en Colombia representa una amenaza multiforme que abarca desde el desbalance ambiental hasta la ruina institucional. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el país concentra el 67% de los cultivos de coca a nivel mundial y en 2023 la producción de cocaína aumentó en un 53%, alcanzando niveles históricos.

La expansión de zonas productoras —que en 2023 cubrieron unas 253 000 hectáreas— implica deforestación, contaminación de ríos y pérdida de biodiversidad, especialmente en regiones como el Cauca, la Amazonía y el Catatumbo. La dependencia económica de muchas comunidades rurales vulnerables, envueltas en la pobreza y carencias estructurales, propicia que el narcotráfico se consolide como una de las pocas opciones de subsistencia, lo cual refuerza la ciclo de violencia y latifundio en zonas históricamente marginadas.

Además de su impacto ecológico y social, el narcotráfico erosionó gravemente la democracia y las instituciones del Estado. Ha infiltrado estamentos públicos para garantizar impunidad, corrompido procesos electorales y contribuido al asesinato de líderes sociales —a menudo a manos de estructuras emergentes como el ELN, disidencias de las FARC y Bacrim— en territorios como Catatumbo, Cauca, Magdalena Medio y Norte de Santander.