Golpe a la economía del país, Moody’s bajó la calificación crediticia de Colombia por deterioro fiscal prolongado

La calificadora de riesgo Moody’s rebajó el jueves 26 de junio la nota crediticia de Colombia, pasando de Baa3 a Baa2, lo que representa un golpe sensible a la percepción internacional sobre la estabilidad económica del país. La decisión refleja, según el comunicado oficial, el deterioro previsto en los indicadores de deuda del Gobierno, que se espera persistan durante los próximos años.

Esta rebaja sitúa a Colombia en un nivel más vulnerable dentro del rango de grado de inversión. Aunque el país conserva por ahora esa categoría, el cambio implica mayores riesgos percibidos por los mercados financieros y podría traducirse en condiciones más costosas para acceder a financiamiento externo.

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En su análisis, Moody’s señaló que el principal motivo detrás de esta decisión es el deterioro fiscal estructural, agravado por un contexto de bajo crecimiento, aumento del gasto y limitada capacidad de ajuste presupuestario. La agencia advirtió que, si bien la economía colombiana muestra resiliencia en ciertos indicadores macroeconómicos, las finanzas públicas enfrentan presiones crecientes que amenazan con volverse permanentes.

“La rebaja se debe al deterioro proyectado de los indicadores de deuda del gobierno, que se espera persistan durante los próximos años”, puntualizó Moody’s.

Aunque aún no se han divulgado cifras específicas sobre los escenarios base que manejó la calificadora, la decisión se produce en un momento en que el déficit fiscal colombiano se aproxima al 7% del PIB, de acuerdo con estimaciones recientes del Ministerio de Hacienda. Esta cifra está por encima del umbral considerado prudente por organismos multilaterales y refuerza las señales de alerta sobre la sostenibilidad fiscal.

La rebaja también podría tener efectos en cadena sobre otros actores del sistema económico, como empresas emisoras de deuda o entidades del sector financiero. Al reducirse la nota soberana, algunos fondos de inversión podrían reconsiderar su exposición al riesgo país, afectando indirectamente el acceso al crédito en condiciones favorables.

Esta decisión llega además en un momento políticamente delicado, con el Gobierno del presidente Gustavo Petro impulsando una ambiciosa agenda de reformas sociales y estructurales, muchas de las cuales implican mayor presión sobre el gasto público, especialmente en sectores como salud, educación, pensiones y trabajo. Por ahora, Moody’s mantiene una perspectiva estable, lo que indica que no anticipa nuevas rebajas en el corto plazo, aunque deja claro que el margen de maniobra del país se redujo considerablemente.

La firma señaló que la dinámica fiscal empeoró en el último año debido a la “sobreestimación” de los ingresos, lo que generó presiones adicionales que no se compensan con una corrección o disminución en el gasto estatal.

Moody’s también advirtió que, con la interrupción de la regla fiscal, el déficit seguirá agudizándose al menos en los próximos tres años, llegando a un pico máximo del 64% del PIB, superando las proyecciones de los demás países con calificaciones similares en el rango Baa, que máximo llegarán al 62%.

La calificadora destacó que los ingresos volverán a estar por debajo de lo esperado en 2025. El ajuste necesario para cumplir con la regla fiscal este año equivaldría al 2% del PIB, lo cual el Gobierno considera inalcanzable debido principalmente a rigideces en el gasto. Por ello, las autoridades anunciaron la suspensión de la regla fiscal por tres años. Según el Carf, esta decisión no está justificada, ya que no ha habido un choque macroeconómico que active la cláusula de escape.

A pesar de estos desafíos, Moody’s reconoce un historial positivo en la aplicación de políticas macroeconómicas, que mitigaron otros impactos negativos y desequilibrios. Destacó que la autonomía del Banco de la República permitió la implementación de medidas prudentes, como el control de la inflación.

Además, Moody’s vio con buenos ojos el “pacto fiscal” o reforma tributaria que presentará el Gobierno, considerando que el Congreso respaldará el proyecto tomando en cuenta la situación fiscal. Los responsables de política y los legisladores apoyarán medidas correctivas para permitir la consolidación fiscal. Un primer paso es el pacto fiscal propuesto por el Gobierno, que buscaría aumentar los ingresos y abordar la rigidez del gasto, junto con un presupuesto 2026 más restrictivo. Estas acciones son clave para reducir el déficit y estabilizar la deuda en niveles acordes con países de calificación similar.

Moody’s aseguró que hay varios factores que podrían permitir una corrección futura de la calificación, siendo la corrección de los problemas fiscales esencial para un posible ajuste. Destacó que se debe garantizar una fuente de ingresos constantes y permanentes para lograr una consolidación fiscal sostenida, contribuyendo así a la reducción de la deuda.

Además, una mejora en las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, impulsada por políticas gubernamentales que fomenten la inversión o mejoren la productividad, fortalecería el perfil crediticio de Colombia. Sin embargo, también persisten riesgos negativos. La calificadora señala que si no se logra “restablecer” el historial de consolidación fiscal y, por consecuencia, se agudiza el déficit y empeoran los niveles de deuda, puede haber presiones negativas.

Agregó que si no se consolida un entorno regulatorio favorable y, por el contrario, sigue disminuyendo la confianza de los inversionistas, se seguirían debilitando las perspectivas de crecimiento económico en el mediano plazo, lo que afectaría las futuras calificaciones. Esto no solo afectaría la fortaleza fiscal del país, sino que también sugeriría un debilitamiento más permanente en la efectividad de la política fiscal, reduciendo nuestra evaluación de la fortaleza institucional.