La posibilidad de que el desempleo juvenil en Colombia aumente hasta un 5% como consecuencia de la reforma laboral ha despertado preocupación en distintos sectores académicos y empresariales.
Según un informe elaborado por la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, la falta de políticas diferenciadas para trabajadores menores de 28 años podría traducirse en un crecimiento del desempleo entre el 3% y el 5%.
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Este impacto, advierte la institución, se basa en proyecciones compartidas por Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y en datos oficiales del Dane, los cuales muestran que la informalidad laboral en jóvenes continúa por encima del 56,8%, mientras la desocupación se ubica en el 16,0% para el trimestre febrero-abril de 2025, cifra que descendió en 3,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024.
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Si bien representa un avance para los jóvenes, la modificación podría tener un impacto de hasta $5 billones en sobrecostos para las empresas, de acuerdo con estimaciones de Fenalco.
Además, agrupaciones como Crowe Co y Acopi estiman que la reforma podría elevar entre 17% y 34% los costos no salariales para las pymes, lo que limitaría su capacidad para mantener o incrementar la contratación de trabajadores jóvenes.
Otra modificación relevante es la reducción de la jornada diurna, que ahora irá hasta las 7:00 p. m. y no hasta las 9:00 p. m., factor que, junto al aumento al 100% en recargos dominicales y festivos, elevará en un 9% los costos de contratación.
Según el informe de la insitución, este incremento de gastos puede frenar nuevas contrataciones, especialmente de personal joven sin experiencia laboral previa.
La falta de un esquema alternativo como el contrato juvenil podría impulsar a muchas micro y pequeñas empresas a recurrir a la automatización o la tercerización, advierte el estudio.
Un reporte conjunto de la Andi y Analdex advierte igualmente que, ante el incremento de los costos, crecerá el incentivo para sustituir la mano de obra joven por tecnologías emergentes o procesos tercerizados, en ausencia de alternativas viables.
Universidad de San Buenaventura propone creación de programa de empleo en jóvenes
Para contener estas consecuencias, la Universidad de San Buenaventura propuso la creación de un contrato especial destinado a jóvenes menores de 28 años, diseñado con condiciones adaptadas a la realidad de las pymes.
La propuesta contempla una vinculación laboral diferenciada con duración de entre seis y doce meses, salario mínimo, y obligatoriedad de afiliación a salud y pensión, pero sin sobrecostos derivados de recargos nocturnos, dominicales ni pago de indemnización por terminación anticipada.
El objetivo, según sostiene el director del Consultorio Jurídico de la universidad, Pedro Villamizar, es establecer “una figura intermedia entre el contrato de aprendizaje y el indefinido, que facilite la entrada al mercado sin trasladar todos los costos al empleador desde el primer día”.
Villamizar enfatizó que “la reforma está diseñada para dignificar el trabajo, pero el primer empleo exige una aproximación flexible y gradual. Este contrato funcionaría como puente de entrada sin poner en jaque a las microempresas”.
El análisis recuerda que esta medida surge ante el rediseño del contrato de aprendizaje con el Sena, cuyo nuevo esquema plantea una etapa lectiva con remuneración del 60% del salario mínimo, seguida de una práctica con salario completo y todas las prestaciones legales.
El contrato juvenil especial propuesto se inspira en modelos implementados en países como Alemania (Ausbildung), Italia (apprendistato) y Nueva Zelanda (Youth Wage Subsidy), donde la integración laboral de los jóvenes se estimula con subsidios parciales o esquemas de cotización escalonada.
Al respecto, Villamizar subrayó que “el reto no es solo legislar, sino adaptar el marco legal a las capacidades reales de las empresas. Si se quiere proteger a los jóvenes, hay que construirles una entrada formal posible”.
El informe recomienda acciones específicas para empresarios, como la simulación de costos de nómina bajo esta modalidad y el aprovechamiento de incentivos tributarios, así como la coordinación de programas de formación dual con el Sena.
Finalmente, el análisis advierte sobre el riesgo de exclusión para los jóvenes rurales, subrayando que la supresión de artículos orientados a la formalización agropecuaria en la reforma ha privado a este sector de herramientas contractuales.
Según la apreciación de Villamizar, “sin un enfoque diferenciado, los jóvenes urbanos se podrían estancar en la informalidad y los rurales quedarían algunos por fuera del sistema”.
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