La Corte Suprema de Justicia anunció el miércoles 25 de junio la práctica de pruebas testimoniales a varios exparamilitares en el proceso que se adelanta contra el exsenador Álvaro Alfonso García Romero, investigado por su presunta participación en la masacre de Macayepo, ocurrida en octubre de 2000, en la que al menos 15 campesinos fueron asesinados en el Caribe colombiano.
De acuerdo con el acta extraordinaria número 66, la Sala Mayoritaria decidió resolver la solicitud de pruebas presentada por la defensa tanto material como técnica de García Romero, en el trámite contemplado en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000.
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El proceso penal, radicado bajo el número 33663, acusa a García Romero del delito de desplazamiento forzado agravado, derivado de los hechos acaecidos entre el 9 y el 17 de octubre de 2000 en varias veredas del corregimiento de Macayepo, ubicadas en jurisdicción de El Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Onofre (Sucre).
Los ataques fueron ejecutados por integrantes del denominado Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Se tomarán las declaraciones con el objetivo de aclarar los hechos que ocurrieron después de la masacre y precisar la fecha exacta en la que habría sucedido el último acto relacionado con el desplazamiento, en el que figura como implicado el exlegislador.
Entre las personas citadas para rendir testimonio se encuentran Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino; Luis Francisco Robles Méndez, conocido como “Amaury”; Uber Enrique Banquéz, identificado como “Juancho Dique”; Muriel Benito Revollo Balseiro, exrepresentante a la Cámara y vinculado con investigaciones de parapolítica; y Rafael Castiblanco Beltrán, que ejerce como investigador del CTI.
De acuerdo con la acusación, las acciones violentas se perpetraron en las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo y El Floral, entre otras. Las víctimas identificadas de la masacre fueron Andrés Alberto Álvarez Palacios, Rafael Tapias Terán, Manuel de Jesús Julio Gutiérrez, Orlando Rafael Oviedo Moguea, Alcibíades Mendoza, Hugo Adolfo Díaz Díaz y Juan Manuel Jiménez Hernández.
Las investigaciones señalan que el propósito de los crímenes habría sido consolidar el dominio paramilitar en la región y recuperar una cantidad considerable de semovientes que habían sido hurtados al ganadero José Joaquín del Niño García Rodríguez por sus subalternos.
Para facilitar la incursión armada en esta zona rural, García Rodríguez habría solicitado la intervención del exsenador Álvaro García Romero, con el objetivo de que, aprovechando su condición de congresista, gestionara la autorización del ingreso de los grupos armados ilegales al territorio con la omisión del Ejército que custodiaba la zona.
La Sala busca determinar si existía algún interés especial sobre las tierras ubicadas en el corregimiento de Macayepo y si ese posible interés habría originado, de modo intencional, el desplazamiento forzado de los habitantes de los Montes de María.
Dentro de las recientes determinaciones, la Corte Suprema también negó las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y el presidente Gustavo Petro, solicitadas por la defensa de García Romero como pruebas testimoniales en el proceso por desplazamiento relacionado con la masacre.
La investigación y el trámite judicial continúan en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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