El rastreo de movimientos financieros y de transporte irregular de combustible en tres estaciones de servicio ubicadas en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, reveló un esquema de desvío masivo de hidrocarburos destinado a abastecer a las disidencias de las Farc en el suroccidente de Colombia.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, estas operaciones ilícitas quedaron al descubierto cuando se constató que dos estaciones en Jamundí, separadas por apenas 700 metros, reportaron ventas de 1’176.774 galones de combustible, a pesar de situarse en una zona donde la población local no supera las 800 personas.
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La operación de registro y allanamiento se llevó a cabo en Cali, Popayán y Morales, donde efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional lograron la aprehensión de los presuntos responsables: dos hombres y una mujer.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la investigación condujo a la captura y judicialización de tres individuos señalados como propietarios y administradores de las estaciones.
Estas personas operaban una red encargada de suministrar combustible a gran escala a la estructura Jaime Martínez, brazo de las disidencias de las Farc.
El ente investigador detalló que los detenidos manejaban tres estaciones de servicio utilizadas para adquirir gasolina y ACPM (diésel) en volúmenes inusualmente altos, recursos fundamentales para actividades como el procesamiento de estupefacientes, la extracción ilícita de minerales y la movilidad de vehículos empleados por la citada estructura armada.
Durante los procedimientos, las autoridades decomisaron diversos elementos vinculados a la red, entre ellos 150 millones de pesos en efectivo, un camión cisterna, un campero, un arma de fuego, cuatro ordenadores portátiles, 12 teléfonos celulares, 12 dispositivos de almacenamiento digital, una tarjeta de circuito electrónico de surtidor de combustible y profusa documentación contable y financiera relacionada con las operaciones.
Según consignó la Fiscalía General de la Nación, los detenidos comparecieron ante un juez penal de control de garantías, donde un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Los acusados no aceptaron los cargos y deberán permanecer privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Más sobre la investigación
Los avances de la investigación identificaron a Dairo Segura Díaz como representante legal de dos estaciones de servicio en Jamundí y supuesto eje principal de la red ilegal.
Según la Fiscalía, a Segura Díaz se le atribuye la obtención y gestión de documentación oficial falsa que permitía a empresas legalmente constituidas tramitar la compra de grandes volúmenes de combustible, cantidades que después eran desviadas hacia las disidencias de las Farc.
El ente investigador destacó también que Faber Gabriel Noguera Castillo, propietario de una estación en la vereda San Isidro, en Morales (Cauca), habría actuado como socio de Segura Díaz.
Las autoridades sostienen que Noguera Castillo facilitaba el traslado del combustible utilizando camiones cisterna para transportar el producto hacia zonas controladas por la red delictiva.
La tercera persona detenida, Cris Johanna Madroñero Guzmán, figura como responsable de la administración financiera y de recursos humanos de la organización, incluidas las contrataciones.
De esta manera, la Fiscalía General de la Nación indicó qye los resultados iniciales de la investigación reflejan que la organización habría ejecutado maniobras fraudulentas y falsedades documentales para comercializar volúmenes de gasolina y ACPM superiores al promedio que registran estaciones similares en ciudades principales como Cali y Popayán, durante el periodo 2022-2024.
Los registros dan cuenta de que las estaciones señaladas en Jamundí desembolsaron 18.373 millones de pesos únicamente por el combustible adquirido, mientras que el punto ubicado en la vereda de Morales —con una población de apenas 600 personas— obtuvo más de un millón de galones de hidrocarburo, por los que se habría pagado 6.408 millones de pesos.
La información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación subraya que el caso se da a conocer por razones de interés general, en el marco de las acciones del Estado dirigidas a combatir las estructuras criminales responsables del financiamiento de actividades ilícitas en el suroccidente del país.
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