Proyecto busca modificar la Ley de Justicia y Paz en Colombia: cerraría procesos abiertos desde hace más de 20 años

La lucha contra las organizaciones criminales y armadas en Colombia sigue presente, pese a los múltiples intentos de este y anteriores gobiernos de llevar a cabo procesos de paz orientados a la desmovilización de delincuentes y combatientes. El presidente Gustavo Petro continúa centrado en la idea de establecer negociaciones con los actores armados, pero en medio del camino se ha encontrado con fallas, violaciones a los ceses al fuego y, sobre todo, críticas.

El más reciente hecho que puso al mandatario en el ojo público y como blanco de señalamientos se llevó a cabo el 21 de junio de 2025. En La Alpujarra, Medellín (Antioquia), lideró la movilización ‘Un pacto por La Paz Urbana de Medellín’ e invitó a cabecillas de las estructuras criminales del departamento.

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La presencia de los criminales causó molestia e indignación en el país político, al considerarla como una afrenta y un desconocimiento de las víctimas. El senador del Partido de la U Antonio Correa se pronunció al respecto en conversación con Infobae Colombia, mostrando una postura contraria. Desde su perspectiva, dialogar con los actores armados no supone un problema, pues, los criminales que aparecieron en tarima hacen parte de una mesa de negociaciones que se está llevando a cabo con el Gobierno.

“[Los cabecillas] se encuentran judicializados, detenidos con medida intramural, pero hay que decirlo, para lograr la paz hay que ser de gestos valientes. Un gesto valiente fue haberlos subido frente a las víctimas, y buscar que se llegue a esa verdad, porque sin verdad no hay justicia”, precisó a este medio.

Ahora bien, para afrontar los retos que hay en materia de paz en Colombia, el senador presentó ante el Congreso de la República un proyecto que busca hacer modificaciones en la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), por medio de la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

De acuerdo con el congresista, esta iniciativa pretende resolver lo que la ley en sí misma no ha podido en por lo menos dos décadas. “Se busca llegar a la verdad, a la reparación y, por supuesto, a la justicia, pero de una manera mucho más dinámica y que se den los cierres de procesos que todavía están abiertos con más de 20 años”, explicó.

Pues, en medio de la falta de respuestas y de avances en materia judicial, las víctimas de los comparecientes están envejeciendo o están falleciendo, sin encontrar justicia ni reparación. “Los bienes que fueron entregados por los máximos responsables tomaron caminos distintos; algunos de ellos están tomados por la politiquería y por los avivatos”, dijo.

Así las cosas, la propuesta se centra en dinamizar esos procesos inconclusos que están ligados a Justicia y Paz, en los cuales se establece una pena máxima y mínima para los comparecientes que hayan cumplido con sus aportes a la verdad sobre hechos de violencia en los que participaron.

“En caso de que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”, se lee en el artículo 29 de la Ley 975 de 2005.

Según explicó en su momento el senador a varios medios, algunos de los criminales que se ajustaron a los requerimientos de Justicia y Paz siguen detenidos, pese a que ya pagaron la pena máxima establecida. De ahí la importancia del establecimiento de un marco jurídico que permita dar celeridad a conceptos de justicia transicional que yacen en la mencionada ley.

Esto se lograría gracias al otorgamiento de facultades para que se implemente un sistema mixto, en el que la lectura de las sentencias se haga de manera colectiva y no individual. Además, se establecerá un máximo de tiempo, mientras se fortalece la Fiscalía General de la Nación, de jueces, magistrados y auxiliares.

“Es un proyecto que fortalece nuestro sistema judicial”, aclaró.

La iniciativa, a su vez, pretende permitir la entrada de grupos no rebeldes a negociaciones orientadas a la paz que ya contarían con un marco legal establecido. En este caso, estructuras armadas como las disidencias de las Farc o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) “tendrían cabida” en los procesos de paz, puesto que, aunque nacieron como insurgencia, ahora están lejos de esos ideales y se enfocan en delinquir y sostenerse por medio del narcotráfico.

“El fin ideológico del conflicto hace rato dejó de prestarse en nuestro país y hoy los grupos, llámese como se llamen o del origen que sean, está muy asociado con un fenómeno que es la bomba que los alimenta, el combustible que los inyecta, que es el narcotráfico”, explicó.

Teniendo en cuenta este contexto, las organizaciones armadas no estarían cobijadas con condiciones especiales de tratamiento; se someterían a un proceso de paz con un marco legal ordinario, por medio del cual se debe garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Para que pudieran hacer parte de estos procesos, tendrían que mostrar voluntad de paz, cesar las hostilidades contra la fuerza pública y la población civil, dejar las armas y sacar de sus filas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La diferencia entre el proyecto y las negociaciones de paz que busca adelantar el presidente Gustavo Petro con distintos grupos al margen de la ley está en, justamente, el marco jurídico. En las conversaciones de paz actuales “no hay un marco jurídico claro y si no hay marco jurídico, pues no hay condiciones claras para ningún grupo al margen de la ley. Hoy lo que puede existir es un sometimiento directo con la Fiscalía”, detalló.

Así las cosas, el congresista espera que el 20 de julio, cuando inicia la nueva legislatura, se le dé trámite a la propuesta en el primer debate en la Comisión Primera de Senado.