El Gobierno deberá implementar un recorte fiscal cercano a los $70 billones durante los próximos años, si pretende volver a alinearse con los límites de déficit establecidos por la regla fiscal en 2028.
Así lo advirtió un análisis realizado por el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, que examinó las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo recientemente presentado por el Ministerio de Hacienda.
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El informe de la entidad privada proyectó un panorama más exigente para las finanzas públicas del país, incluso si se llegara a aprobar la reforma tributaria actualmente en discusión.
El análisis estima que el déficit fiscal podría llegar a niveles cercanos a los $149 billones para 2026, lo que representaría el 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que supera ampliamente los cálculos oficiales presentados por el Gobierno.
Según el Ministerio de Hacienda, el déficit para 2026 se proyecta en $119,6 billones, equivalente al 6,2% del PIB. No obstante, sin la aprobación de la reforma tributaria, ese déficit aumentaría hasta los $139,2 billones.
Corficolombiana planteó un escenario aún más adverso, que se traduce en una diferencia de 1,4 puntos porcentuales por encima de las metas oficiales.
El camino económico del Gobierno
Frente a este escenario, el Ejecutivo activó la llamada “cláusula de escape” de la regla fiscal, una herramienta legal que permite suspender temporalmente los límites al déficit cuando existen circunstancias excepcionales.
Esta suspensión estará vigente por un periodo de tres años, hasta 2027. Durante ese tiempo, el Gobierno deberá implementar ajustes estructurales y mecanismos de financiamiento que le permitan retornar al marco fiscal establecido a partir de 2028.
La estrategia del Gobierno para enfrentar el mayor desequilibrio fiscal incluye diversas fuentes de financiamiento e iniciativas para elevar los ingresos públicos.
Además del proyecto de reforma tributaria, que busca recaudar al menos $19,6 billones, se han impulsado medidas como la modificación en la retención en la fuente. De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), esta última podría generar ingresos adicionales de entre $6 y $9 billones.
Para cubrir el déficit proyectado en 2025 —estimado por Corficolombiana en $138,6 billones frente a los $129,6 billones calculados por el Ministerio de Hacienda—, se recurriría principalmente a operaciones de tesorería.
Según los analistas de la firma, aproximadamente 75% de ese faltante sería financiado de esa forma, mientras que un 21,2% se obtendría a través de la emisión de Títulos de Tesorería (TES) y el restante 4,8% mediante bonos colocados en los mercados internacionales.
El periodo entre 2025 y 2027 aparece como uno de los más críticos en el horizonte fiscal. Esto implicaría un aumento en la relación entre deuda neta y PIB, que podría alcanzar un máximo histórico de 63,8% para 2027, según el análisis privado.
La entidad también advirtió que los supuestos incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo sobre la evolución de los intereses de la deuda podrían ser demasiado optimistas.
Aunque el Gobierno proyecta una reducción del pago de intereses desde 4,8% del PIB en 2026 hasta 3,9% en 2028, los analistas consideran que esa previsión no está en línea con la reciente trayectoria de las tasas de interés.
En su opinión, existe el riesgo de que esta carga supere el 5% del PIB una vez se reactive la regla fiscal.
El retorno a las restricciones de la regla fiscal a partir de 2028 requerirá un ajuste sustancial del balance primario del Estado.
Según las proyecciones, este esfuerzo representaría una corrección equivalente a 3,2 puntos del PIB entre 2025 y 2028, lo que, en términos relativos, sería comparable a ejecutar tres reformas tributarias del tamaño de la actualmente planteada.
El Ministerio de Hacienda justificó la suspensión de la regla fiscal señalando que los gastos del Estado tienen un alto grado de rigidez.
Rubros como salud, pensiones y funcionamiento de las entidades públicas son difíciles de reducir en el corto plazo. Asimismo, la cartera ha advertido sobre presiones adicionales, entre ellas, las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que continúa generando cargas significativas para el presupuesto nacional.
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